Leer un discurso y no dar contestación a las interrogantes de violaciones a derechos humanos en Puebla fue la estrategia del gobierno de Puebla, durante la comparecencia con diputados federales.
Así lo señaló la legisladora Roxana Luna Porquillo, al enlistar las interrogantes que dejó pendientes el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Benito Cruz Bermúdez.
Mototaxis, situación de 134 presos políticos, ley Bala, proyecto del parque de las Siete Culturas en Cholula, represión a universitarios, incumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por caso Chalchihuapan, fueron los temas evadidos.
Incluso, reveló que se solicitó una lista de las personas presentes en el salón del Palacio Legislativo para aclarar el acarreo de personal del gobierno del estado a la comparecencia.
En entrevista, la diputada perredista indicó que hubo preguntas que simplemente no se contestaron, ni mucho menos se dio una respuesta clara, “el discurso fue decir todo está bien”, señaló.
Señaló que hubo falta de seriedad del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por no acudir ante los legisladores que solicitaban su presencia para aclarar la situación en Puebla.
“Hay una falta de respeto a los diputados, a la Comisión, puesto que él (Jorge Benito) es el encargado de despacho, no es el secretario de Gobierno y eso quizá fue lo que no le dio oportunidad de dar respuesta a todas las preguntas”.
—¿Cómo viste la comparecencia?
—Fue muy claro que era leer un discurso, una contestación de este modo a cada una de las respuestas que se hicieron.
—¿No estás satisfecha?
— No hubo una situación contundente hasta este momento de dejarnos claro porque no se han devuelto mototaxis, por qué no se ha sancionado a Facundo, por qué no se ha sancionado a Víctor Carrancá, por qué no se han hecho las disculpas públicas.
“Además, no le corresponde al gobierno del estado como lo refiere el encargado de despacho, el decir que ya dieron por cumplidas las recomendaciones de la CNDH, finalmente este organismo desmiente la posición y no han dado cumplimiento. Quedan abiertos los expedientes y no nos explican la situación del parque de las Siete Culturas (en Cholula)”.
Señaló que tampoco se pudo contestar lo del desalojo de estudiantes de la plancha del zócalo de la ciudad de Puebla, donde fueron golpeados universitarios que estaban en plantón.
“Condeno totalmente que digan que haya sido un conflicto entre estudiantes. En ese momento está criminalizando porque sin pruebas nos está diciendo que fue un conflicto entre universitarios”, refirió la diputada.
“Esta ha sido la constante, decir ellos, y no reconocer que ha habido un exceso en este caso con la fuerza”, añadió.
“Justifican las violaciones en que puede encuadrar la mal llamada ley Bala en Puebla, a pesar de que tratan de justificar que la ONU o que el ombudsman la aprobaron.
”Es como cuando quisieron justificar las piedras de alto calibre o los cohetones, para la muerte de José Luis, que invitaron a varias organizaciones que no eran las facultadas para decir que había sido un cohete y eso lo respaldaba”
Señaló que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados seguirá al pendiente en los últimos días que les queda de gestión sobre el tema de Puebla sobre todas las quejas.
“Se seguirán los temas de las 134 personas que han ingresado al Cereso, lista que se entregó a todos los diputados, para que no dijeran que no existe o no es verdad”, dijo al referirse sobre los llamados presos políticos.

Investigación de acarreo
Roxana Luna señaló que fue sorprendente como el gobierno estatal acarreo a decenas de personas para llenar el salón desde las siete de la mañana, dos horas antes de que se hiciera el evento.
“Nos vimos sorprendidos por la llegada de mucho personal, no sabemos de dónde sean, lo que es un hecho es que hay mucha gente afuera que no se le permitió el ingreso.
”Nosotros quisimos cumplir el protocolo que marca la cámara. El presidente (de la comisión de derechos humanos) nos tendrá que dar un informe de quiénes son y vamos a ir identificando”.
“Yo a muchos los ubico, pues soy poblana, otros ubican al personal y muchos refieren que pueden ser personal del gobierno del estado. Se vio restringida la prensa y la gente para poder entrar”.
 
Al banquillo de los acusados
El pasado jueves 30 de abril, en medio de mantas de protesta sobre la violación de derechos humanos en Puebla, funcionarios estatales trataron de defender la postura del gobierno estatal ante legisladores federales en el Congreso de la Unión.
El encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno, Jorge Benito Cruz Bermúdez y el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, señalaron que en Puebla no hay violaciones a las garantías individuales, ya que solo se detiene a quien infringe delitos.
Los funcionarios estatales asistieron con la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados federal a responder sobre temas como Chalchihuapan, Ley Bala, agresiones a estudiantes y presos políticos.
Los funcionarios fueron cuestionados por legisladores panistas, perredistas y priistas, quienes mantuvieron una postura crítica sobre los señalamientos, a excepción del nieto de Elba Esther Gordillo, René Ricardo Fujiwara.
Los temas abordados fueron las violaciones a los derechos humanos en el caso Chalchihuapan, presos políticos, así como la detención del líder de ambulantes Simitrio y la represión de un plantón a universitarios por grupos paramilitares en el zócalo de Puebla.
Cruz Bermúdez indicó en al menos 14 minutos —en tres intervenciones— que en Puebla hay tolerancia y no hay presos políticos y que muestra de la pluralidad él mismo pertenece a otro partido político distinto al del gobernador, “como el de la diputada Roxana Luna”, dijo al verla a los ojos.
También fue reiterativo al afirmar que se cumplió la recomendación girada por la CNDH, aunque reconoció que  lo único que no se ha cumplido es la capacitación de los policías, al argumentar que las mismas continúan.
Mientras hacía sus señalamientos el funcionario poblano, de pronto asistentes al recinto sacaron mantas en contra del gobierno estatal, en protesta sobre los presos políticos.
Por su parte, el procurador Víctor Carrancá Bourget, en respuesta a diversos cuestionamientos, aseguró que si hubo coordinación con autoridades del Distrito Federal para la aprehensión de Atl Rubén Sarabia Reyna, hijo de Simitrio.
Prometió entregar los oficios a la familia del detenido posteriormente, luego de que la diputada Roxana Luna se los solicitó, pero señaló no poder dárselos en ese momento por que contenían nombres de otros procesos.
También los legisladores cuestionaron la presencia de un salón lleno de personal del gobierno del estado, quienes llegaron en cuatro camiones al recinto legislativo en la capital del país.

La comparecencia
Cruz Bermúdez reiteró que en Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o posturas políticas.
“Lo que sí existe es un marco legal institucional que permite procesar a presuntos responsables de delitos del fuero común, quienes quiera que sean”, dijo.
Afirmó que en Puebla existe una libre manifestación de ideas y de ideología.
“Pero cuando estas libertades llevan a la comisión de delitos, como incendiar patrullas y arrojas explosivos, eso transgrede el orden social y es necesario que el Estado actúe”, aseguró.
Indicó que la llamada ley Bala  se aplica conforme a lineamientos aprobados por la Naciones Unidas, además de que cuenta con el aval de la propia CNDH.
Sobre el desalojo de estudiantes en el zócalo de Puebla, sostuvo la versión de que se trató de un enfrentamiento entre estudiantes y de ninguna manera fue una agresión del gobierno estatal, versión que no aceptaron los legisladores.
En cuanto a las obras que se realizan en Cholula, indicó que se trabaja en la construcción de un parque de diversiones, sino en un esquema de mejoramiento urbano y se hace en coordinación con el INAH.