Integrantes de organizaciones sociales de Puebla se sumaron a la Caravana Nacional “Por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida” y denunciaron que Puebla es un ejemplo del despojo del vital líquido por un gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle que privatizó el servicio.
En medio de una pertinaz lluvia un grupo cercano a cien personas recibieron la Caravana que se dirige a la ciudad de México para exigir que se dé marcha atrás a la privatización del agua, además de los proyectos de muerte.
Con la participación del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público del Distrito Federal, del Sindicato Mexicano de Electricistas, Agua para la Vida, Agua para todos, Congreso Popular del DF, Tribu Yaqui y la Red Nacional de Resistencia, las organizaciones locales se sumaron a la petición para abrir un proceso nacional en torno a la defensa del agua y contra la propuesta de ley privatizadora del mal Gobierno.
Luego de que este domingo partirán a Nuevo Necaxa, Hugo Alberto Ortega Juez de la Comisión Autónoma del SME, dijo que es necesario visibilizar las múltiples crisis del agua, el territorio, el trabajo y la vida que se profundizan en todo el país para fortalecer y articular las luchas de resistencia popular en contra de las reformas estructurales.
Por parte de Puebla la Asamblea Social del Agua anunció una marcha en contra de la privatización del servicio y su reconocimiento como un derecho humano fundamental.
Indicó que en las demandas planteadas se encuentra la derogación de la Ley del Agua del Estado de Puebla para dar paso a la redacción de una ley ciudadana donde ser respeten los derechos humanos de la gente.
Indicó que el Congreso debe realizar foros para que haya una nueva ley y que las tarifas sean de acuerdo con lo que recomienda Naciones Unidas. Advirtió que la modificación a la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle, incurre en un acto inconstitucional y los ayuntamientos, en caso de que se sientan afectados por la misma reforma, tienen la opción de recurrir al amparo de la justicia federal o a la controversia.
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generara responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”
No a los “proyectos de muerte”
Los manifestantes denunciaron la complicidad del gobierno estatal que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas se avecina la mega destrucción de la Sierra Norte de Puebla, donde se autorizaron 90 proyectos mineros, además de 80 hidroeléctricas, los cuales generarán daños irreversibles, pero además se quiere enviar a la gente a guetos llamados “ciudades rurales”, donde se ha comprobado que la gente no puede vivir.
Señalaron que está el caso de Ixtacamaxtitlán, donde se autorizó a una empresa canadiense un proyecto para explotar 135 mil hectáreas para la minería a cielo abierto, pese a que se trata de una de las principales cuencas acuíferas de la Sierra Norte de Puebla.
Además del caso de la privatización del servicio de suministro de agua potable en la capital del estado, donde construye grandes obras con una imagen bonita, pero la sociedad no se ha dado cuenta que en el interior del estado todo será destrucción.
Puntualizaron que son 31 municipios de la Sierra Norte los afectados, y generará un serio problema, además de que ya se habla de escasez de agua y el gobierno ya no quiere otorgar nuevas concesiones, y a los comités les están dando permisos provisionales toda vez que toda el agua se la quieren dar a la industria minera, que es destructiva.
Pidieron que todos los poblanos y mexicanos cobren conciencia de que se avecina esa destrucción del estado y que haya tiempo para corregir el camino recuperando el sentido productivo que se ha perdido, ya que además hay una amenaza de la seguridad alimentaria, y con esos proyectos no habrá agua, áreas para la ganadería ni cultivos.
Insistieron que hay “cerrazón” del gobierno del estado para escuchar a quienes están defendiendo su patrimonio, el derecho al agua, a la salud, a la vida, que está gravemente en peligro.