El urbanista Francisco Vélez Pliego lamentó que el gobierno de Rafael Moreno Valle no se apegue a la normatividad vigente en materia de obra pública. Además, dijo que todas las acciones que emprende el gobierno poblano no están sustentadas en programas de desarrollo y los instrumentos vigentes no contemplan muchas de las acciones y de las propuestas que ha llevado a cabo el gobernador.
Vélez Pliego comentó que toda expropiación debe estar justificada en términos de utilidad pública. “Esa utilizad pública empieza a ser prefigurada a partir de un programa de desarrollo urbano”.
En este caso, agregó, es evidentemente el uso de una ley aprobada a modo para ese tipo de acciones, las cuales ignoran que hay otras normas que serían las condiciones previas para evitar que esas cosas ocurran respetando los derechos, sobre todo de los propietarios originales del suelo.
En relación con el despojo exprés frente al club de golf Las Fuentes, en la colonia San Rafael, Vélez Pliego recomendó a los propietarios, quienes ya anunciaron amparos, que “empiecen por ver cuál es la justificación de un programa de desarrollo urbano”.
Lo anterior, dijo, por la acción emprendida por el gobernador, porque aquí lo que pareciera que está promoviendo Rafael Moreno Valle son acciones en las que el gobierno se convierte en el instrumento para transferir propiedades que son privadas, utiliza el instrumento de expropiación para hacerlas públicas.
Pero no queda ahí, porque al parecer, después de lograr declararlas de utilidad pública, las regresa a otros privados que no son los originales. “Entonces, el gobierno interviene de manera indebida en ese tipo de procesos”.
Dijo que lo primero que deberían de revisar los afectados y sus abogados es si la acción de expropiación y lo que se pretende hacer con esos terrenos están sustentados en un programa de desarrollo urbano que prevea la necesidad de desarrollar equipamiento, servicio, y que por lo tanto el terreno expropiado tenga utilidad pública.
Francisco Vélez Pliego recordó que en el estado de Puebla existe un programa de desarrollo urbano aprobado y vigente desde el 2007, el cual no ha sido actualizado.
Comentó que los instrumentos son necesarios para definir usos de suelo, materia de obra pública y de equipamiento, por lo que existe un tremendo vacío “y esa es responsabilidad del gobierno completamente”.