A unos días de que deje de ser diputada federal, Roxana Luna Porquillo, afirmó que el gobernador Rafael Moreno Valle, impuso una nueva forma de gobernar en Puebla a través del control absoluto.
En rueda de prensa, indicó que el control fue contra el Congreso del estado y la aprobación de leyes que atentan contra la autonomía de los municipios y que violenten los derechos constitucionales.
Por lo tanto, dijo que su corriente política exigirá a los diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) su actuar por la aprobación de diversas reformas.
Entre ellas, los candados legales al registro de candidaturas independientes para competir en elecciones populares.
Asimismo, mencionó que presentó la queja formal por el espionaje telefónico que sufrió.
A casi un año de que se publicaran las grabaciones de sus conversaciones telefónicas por el caso Chalchihuapan, dijo que apenas recabó pruebas y documentos para interponer la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Indicó que apenas juntó los documentos que avalan que el teléfono intervenido estaba en su poder, ya que había sido asignado por el Congreso de la Unión.
Además, informó que se reunió con el sexto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien le confirmó que continúan sin cumplirse cinco de las 11 recomendaciones emitidas en contra del gobierno del estado por graves violaciones a los derechos humanos en el caso Chalchihuapan.
Detalló que la CNDH se comprometió a no dar carpetazo al caso Chalchihuapan, que a nivel nacional sentó precedentes junto a Ayotzinapa y Tlatlaya, por la gravedad de los hechos.
Roxana Luna confía que en la siguiente legislatura exista el compromiso de los nuevos legisladores por los derechos humanos.
“Chalchihuapan sirvió para mostrar el autoritarismo y de lo que es capaz de hacer Moreno Valle. Se logró evidenciar a Moreno Valle a nivel nacional e internacional, y que todas las leyes que se han aprobado en esta legislatura ha sido contraria a los poblanos, empezando por la ley Mordaza.
”Es parte de una obsesión del gobierno para demostrar que en Puebla no hay delitos, en el momento que no hay agencias de Ministerio Público no hay delito.
”A un año de la represión, quedan muchos pendientes por resolver como es el caso de la justicia para los lesionados, que no se traduce en la indemnización económica sino que debe ser reformada la ley Bala”, concluyó.
