El Instituto de Derechos Humanos de la Ibero Puebla, Ignacio Ellacurría, exigió al gobierno estatal que no emplee medidas represivas en contra de los movimientos sociales y que en caso de hacer detenciones aplique los protocolos internacionales para respetar los derechos humanos:


“El IDHIE, SJ exhorta al Gobierno del Estado de Puebla a no emplear la fuerza pública contra movimientos sociales, privilegiar el diálogo y atención de las demandas ciudadanas y en caso de realizar un arresto, detención o traslado de individuos, se respeten los estándares internacionales y protocolos para que estas acciones arbitrarias y criminalización de la protesta no constituyan condiciones propicias para la desaparición forzada. Teniendo presente que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra estos procedimientos señala que nadie será detenido en secreto y que todos aquellos que enfrentan esta situación están autorizados a comunicarse con su familia, abogado o cualquier otra persona de su elección, resulta vital garantizar la integridad física de la persona y excluir cualquier acto de tortura o trato cruel y degradante”.

 

El Instituto de derechos humanos de la Ibero señala que la CEDH debe vigilar que a las personas que se detengan se les preserven sus derechos que marca la ley: “En estas condiciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá atender a su mandato para asegurar que se preserve la integridad, identidad y la vida de aquellos que se encuentren en situación de detención o traslado”.

 

“El Día de la Desaparición Forzada obliga a reflexionar y exigir el esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos que genera la práctica de la desaparición forzada como: la pérdida de la libertad y seguridad de la persona, los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, el riesgo de la pérdida de la identidad y de la vida, el acceso a la justicia por falta de investigación y debida diligencia, así como el contexto de impunidad que posibilita la permanencia de esta práctica condenable”, señala el instituto Ellacurría.

 

Además, señala el instituto Ignacio Ellacuría, Puebla es el estado con el mayor número de presos políticos: “El Primer Encuentro Nacional del Comité de Organizaciones, Familiares y Amigos en Lucha por la Libertad de los Presos Políticos, evidenció que Puebla es la entidad con la mayor cantidad ‘presos políticos’ en el país”.

 

Entre las violaciones a los derechos humanos el Instituto enlistó las órdenes aprehensión en contra de opositores al gobierno de Puebla: “El homicidio de Antonio Estaban Cruz del MIOCUP–CNPA por la oposición a la construcción de una hidroeléctrica en Cuetzalan, los hostigamientos contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Aire y el Agua en la región Malinche como la explosión de artefactos fuera de sus domicilios o las órdenes de aprehensión relacionadas a los casos de la Plaza de las Siete Culturas en Cholula, San Miguel Canoa y la Sierra Norte de Puebla a integrantes del Consejo Tiyat Tlalli, y detenciones arbitrarias de activistas sociales, dan cuenta de un contexto de regresión democrática y de autoritarismo en el estado de Puebla que implica la violación sistemática a los derechos humanos”

 

El instituto Ellacurría condenó el asesinato de defensores de derechos humanos en el estado de Veracruz: “En otras regiones, acontecimientos como el asesinato de Noé Vázquez, el 6 de agosto de 2013 en Amatlán de los Reyes, la implementación de medidas cautelares por amenazas a integrantes de las organizaciones Un Salto de Vida, Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, por un Veracruz Limpio y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, evidencian que la respuesta estatal frente a la organización y defensa de derechos ha sido la criminalización, las agresiones a las y los defensores de derechos humanos y la generación de condiciones de grave riesgo y falta de garantías para desempeñar su labor.”