Habitantes del municipio de Felipe Ángeles demandaron la destitución del presidente municipal Leonardo Gómez Octaviano quien presuntamente incumplió con la ejecución de obra pública.
En rueda de prensa en la que estuvieron presentes integrantes de la coordinación estatal de Movimiento Ciudadano, representantes de los pobladores del municipio de General Felipe Ángeles anunciaron que realizarán una consulta ciudadana para ratificar la petición de destitución de su alcalde, Leonardo Gómez Octaviano, por el desvío de recursos, nepotismo y otras irregularidades que ha cometido durante su gestión.
Asimismo denunciaron que la Secretaría General de Gobierno ha hecho caso omiso de las denuncias presentadas.
Los inconformes integrados en el grupo denominado Verdad y Dignidad del Pueblo denunciaron que en esta demarcación existe una severa carencia de servicios públicos, así como la ejecución de obras de mala calidad reportadas con sobrecostos y la integración de sus familiares a la nómina municipal.
Juan Manuel León, representante del movimiento señaló que ya presentaron formalmente la solicitud de destitución de esta autoridad municipal ante el Congreso para que tomen cartas en el asunto.
Asimismo, acusó falta de interés de la Secretaría General de Gobierno (SGG) para resolver el conflicto que existe desde la toma y clausura de la presidencia municipal el pasado 14 de septiembre.
“La única negociación que queremos y va ser así es que ese alcalde no se va nosotros no vamos a negociar nada. Su destitución es lo único que queremos y de ahí en adelante vamos a negociar lo que sea. Queremos que el actual presidente sea destituido por su nepotismo (…) El próximo domingo realizaremos la consulta ciudadana y vamos a demostrar que más del 60 por ciento de los habitantes está en contra de este señor”, sentenció Juan Manuel León.
Recordó que en los últimos 25 años en el municipio de General Felipe Ángeles han sido destituidos tres alcaldes por los actos de corrupción en los que han incurrido durante sus mandatos e incluso algunos de ellos enfrentan procesos administrativos ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Demandaron que los diputados locales hagan algo para proteger los intereses de los pobladores y se castigue a la autoridad municipal.