El exsecretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, realizó trámites millonarios para solicitar créditos bancarios a nombre del gobierno del estado, aunque la orden era no solicitar dinero.
De este modo se despilfarró dinero a nombre del gobierno del estado, con el argumento de que se pretendía solicitar un crédito bancario de 1 mil 500 millones de pesos a Bancomer a un plazo de cinco años.
Para hacer el trámite, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) por lo menos se pagó en una ocasión más de 1 millón 725 mil pesos a las calificadoras Fitch y Moody’s de México, para alcanzar el préstamo bancario.
Así lo comprueban documentos en poder de Intolerancia Diario, fechados en octubre del 2011, durante la administración de Roberto Moya, quien ahora funge como jefe de la oficina del gobernador Rafael Moreno Valle.
Sin embargo, el trámite y dinero pagado no sirvieron de nada, ya que no se ha realizado o aterrizado ningún crédito con la institución bancaria.
Así lo afirmó la SFA en una respuesta a la solicitud de información 256225 por la ley de transparencia, al señalar que no se han contratado créditos bancarios.
Según los documentos en poder de este medio, el crédito estaría respaldado con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF), así como un refinanciamiento de hasta 2 mil 500 millones de pesos a un plazo de 20 años, respaldado con participaciones federales.
Hasta la fecha, la postura de la administración estatal es que no ha solicitado un peso prestado.
Los pagos
En los memorándum SF/DGS/766/2011 Y DT 529/2011 de la Secretaría de Finanzas, firmados por la directora general de Administración, Marina Castro Moreno, y Eduardo Tovilla Lara, subsecretario de Egresos, respectivamente, se solicita el pago a las calificadoras internacionales en México.
El primer documento fue enviado al director de Presupuesto, Raúl Egremy Palomeque, donde se solicitan recursos y oficio de autorización para su ejercicio Fitch México.
Le solicitan al funcionario que autorice la cantidad de 1 millón 725 mil 152 pesos por concepto de las asignaciones de dos calificaciones para cada una de las empresas Fitch y Moody’s de México.
Se especifica una al crédito bancario que hasta por 1 mil 500 millones de pesos contrataría el gobierno del estado con la institución bancaria BBVA Bancomer Institución de Banca Múltiple.
Asimismo señala otra aprobación a la calificación a la reestructura del crédito contratado con la misma institución bancaria en abril del 2010.
Posteriormente, se detalla cada uno de los pagos, separados en recuadros:
| Concepto | Calificadora | Monto |
| Crédito a contratar por $1,500,000,000.00 | Fitch México | $406,000.00 |
| Reestructura del crédito Bancomer | Fitch México | $545,200.00 |
| Crédito a contratar por $1,500 mdp y reestructura del crédito Bancomer | Moody’s de México | $773,952.00 |
| Total |
| $1,725,952.00 |
Finalmente, se solicita el oficio de autorización para ejercer la partida y realizar así el pago en una sola exhibición, además de pedir la liberación anticipada del recurso
Las calificadoras
Todo fue derivado a las cotizaciones que hicieron las empresas acreditadoras Fitch Ratings y Moody’s Investors Service, como consta también en documentos en poder de este medio de comunicación.
En el primero, la encargada de Desarrollo de Negocios de Fitch Ratings, Denise Bichara Kabalen, señala que la cotización fue en respuesta a la solicitud que hizo el gobierno de Puebla para calificar el financiamiento bancario de 1 mil 500 millones de pesos a un plazo de cinco años.
Detalla que el crédito estaría respaldado con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF), así como el refinanciamiento de hasta 2 mil 500 millones de pesos a un plazo de 20 años, respaldado con participaciones federales.
Posteriormente, se detalla que los servicios de la calificación sería de 350 mil pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero especifica que para los años posteriores el costo anual de seguimiento de la calificación sería equivalente en moneda nacional a 50 mil Unidades de Inversión (UDIS) más impuestos.
Además, refiere la directiva que los servicios de la calificación de la reestructura de 2 mil 500 millones de pesos y su seguimiento durante el primer año, sería de 470 mil pesos más IVA y para los años subsecuentes con un costo anual de seguimiento de 67 mil UDIS.
Finalmente, informa que el gobierno del estado tendría que pagar 12 mil dólares por los costos para la opinión legal que Fitch Ratings requiere de los documentos relacionados con los financiamientos, como son fideicomisos, contratos, y autorizaciones.
Además, señala que una vez entregados los documentos, Fitch Ratings se compromete que en cuatro semanas entregaría la calificación.
Asimismo, la calificadora Moody’s Investors Service, en un oficio enviado a Gilberto Acosta, entonces subsecretario de Finanzas, presentó los costos de sus servicios solicitados por el gobierno de Puebla, por los mismos conceptos señalados.
Promete que asignaría las evaluaciones de la calificación crediticia a los empréstitos en Fideicomiso y en Escala Nacional de México y Escala Global, en moneda local.
“La calificación que en su caso llegara a asignarse, no constituiría una recomendación de inversión y la misma estaría sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con las metodologías de Moody’s”, señala el documento firmado por el gerente de Relaciones con Emisores, Enrique Pareja.
Además, señala que para este proceso de calificación la calificadora aplicaría los honorarios de servicios de calificación de conformidad con lo que se estipula en el “Addendum al Contrato” que se envió en un anexo.
Finalmente, se indica que para el proceso de la calificación del crédito se requiere de una opinión legal independiente de la estructura, para la cual Moody’s contrataría al despacho de abogados y posteriormente se facturaría al gobierno del estado.
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La deuda del gobierno estatal de Puebla asciende a más de 34 mil millones de pesos, incluyendo más de 26 mil millones empeñados por el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).
La deuda directa y avalada, contingente y sin aval que se reconoce por más de 8 mil 690 millones de pesos.
Así lo comprueba el documento “Estado de la deuda pública directa y avalada o contingente a cargo del gobierno del estado de Puebla y de los municipios al 30 de junio de 2014”, firmado por el secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, y la titular de la Unidad de Inversión, Vilma Cristina López Hernández.
El documento muestra que hay dos préstamos vigentes contratados por la administración estatal de manera directa: el primero, por un monto de 3 mil 240 millones 963 mil 614.18 pesos, y otro por 2 mil 493 millones 535 mil 573.68 pesos, que en total suman 5 mil 734 millones 499 mil 187.86 pesos.
Según Eudoxio Morales Flores, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), el crédito por más de 3 mil 240 millones se adquirió con Interacciones y el de 2 mil 493 millones con BBV Bancomer.
Con la categoría “créditos de deuda avalada o contingente del gobierno del estado”, se muestra que también hubo préstamos del Banco Nacional de Obras (Banobras) para el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla por 2 mil 3 millones 241 mil 562.10 pesos, para el de Tepeaca por 12 mil 289.11 pesos y el de Huauchinango por 7 mil 125. 29 pesos.
En total, la deuda contraída con Banobras por los tres organismos operadores de agua potable es de 2 mil 3 millones 260 mil 976.50 pesos.
Otros pasivos por 290 millones 935 mil 981.85 pesos fueron adquiridos por dos organismos estatales: Carreteras de Cuota Puebla contrajo una deuda con Banobras por 215 millones 753 mil 425 pesos y el fideicomiso público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl–Quetzalcóatl recibió un préstamo de BBVA Bancomer por 75 millones 182 mil 665 pesos.
Es así que el total de la deuda avalada o contingente del gobierno del estado es de 2 mil 294 millones 196 mil 958.35 pesos, lo que sumado a los 5 mil 734 millones 499 mil 187.86 pesos de la deuda directa, da un total de 8 mil 28 millones 696 mil 146.21 pesos.
El apunte
La deuda del gobierno estatal de Puebla asciende a más de 34 mil millones de pesos, incluyendo más de 26 mil millones empeñados por el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios.
Tome nota
La Secretaría de Finanzas destinó más de 1 millón 725 mil pesos a las calificadoras Fitch y Moody’s.
