Integrantes del Movimiento de Alternativa Social (MAS), pidieron la renuncia del procurador de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, al sentenciar “sino puede que se vaya” con los casos de feminicidio.
Irene Herrera Delgado, integrante de la organización civil, indicó que es grave la situación de homicidios contra mujeres, por lo que se exigió la atención a los ciudadanos.
Por lo tanto anunciaron una protesta que realizarán el próximo 2 de noviembre, “Día de Muertos”, donde exigirán junto con familiares de las víctimas, el esclarecimiento de los casos.
“Venimos a pedir que si no pueden, que se vayan, es claro el asunto, hay muchos ciudadanos que si estamos preocupados por la seguridad de nuestras hijas, primeas, hermanas, de nosotras mismas”, sentenció Irene Herrera.
“Exigirle al Congreso del Estado, que se ponga los pantalones y exijan al procurador que se presente a declarar sobre esta ola de violencia y por qué no se ha declarado la Alerta de Género”, señaló.
Acusaron en rueda de prensa que Puebla es uno de los 10 estados de México en los cuales no es posible acreditar un feminicidio debido a que su marco jurídico en la materia es incompleto.
Se exigió a las autoridades poblanas frenar la ola de asesinatos de mujeres en el estado, las que suman 60 en este año, lo que es tomado por el procurador Victor Carrancá Bourget como un asunto mediático.
Marco Mazatle, señaló que el Congreso del Estado debería nombrar una comisión para indagar la cuestión de feminicidios en Puebla.
Indicó que en el estado no se contempla las diferentes causales que conllevan este delito, además no existen protocolos claros para la atención o la investigación de los mismos.
 

Foco rojo

Al calificar como foco rojo en feminicidios a Puebla, Marco Mazatle detalló que hasta septiembre de este año, se han registrado 60 feminicidios en Puebla, lo que supera los 54 casos alcanzados durante 2014.
“Las cifras revelan que uno de cada tres casos ocurridos en lo que va de 2015, sucedieron en la ciudad de Puebla”, señaló Marco Mazatle.
Indicó además as cifras revelan que uno de cada tres casos ocurridos en lo que va de 2015, sucedieron en la ciudad de Puebla.
La lista es encabezada por la capital poblana, seguida por Atlixco, Tecali de Herrera, Tecamachalco y Tehuacán, documento el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla.
“Por esta razón exigimos a las autoridades que dejen de ocultar los asesinatos a mujeres en Puebla, que se han ejecutado con dolo y signos de tortura que no han sido tipificados como feminicidio”, insistió.
“Esta situación evidencia la incapacidad de Carrancá Bourget con dos casos que han marcado al estado, el feminicidio de Paulina Camargo, la joven de 19 años de edad con cinco meses de embarazo desaparecida desde el 25 de agosto, y que a casi dos meses sus restos no se han encontrado”.
Detalló que hubo injusticia en el caso de Alejandra Mena Martín del Campo, quien fue asesinada de 45 puñadas, y acusan de autor intelectual a María Delia Rodríguez Benítez.
“Con el proceso de origen 370/2013, desde hace dos años se encuentra recluida en el penal de San Pedro Cholula, sin pruebas en su contra”, afirmó.
“Se comprobó que la acusación se obtuvo después de que los agentes ministeriales torturaron al supuesto asesino confeso Arturo González Tabaco, quien era chofer de María Delia, con descargas eléctricas en los genitales y la fractura de una vértebra en la espalda”.
“Mientras que en el caso de Paulina ocurre lo mismo. Sin pruebas fehacientes mantienen a la supuesta pareja sentimental como el responsable de los hechos”.
Por lo tanto exigieron a Víctor Carrancá que dé la cara, que deje de “fabricar” delitos y se ponga en el lugar de los padres de familia que han perdido a sus hijas.
“No vamos a permitir que el procurador continúe diciendo que el tema es un asunto mediático, cuando la semana pasada en menos de 24 horas ocurrieron tres asesinatos de mujeres en Puebla con violencia.”
Afirmaron que la situación está rebasando al gobierno del estado, por lo que también demandaron  a la autoridad que solicite la activación del Protocolo Alba para el estado. 
“Asimismo, denunciamos que el gobierno de Rafael Moreno Valle es responsable de los feminicidios, por encubrirlos, para evitar que haya una salida de inversión extranjera”.
“Además solapa que se fabriquen delitos, utilizando al esposo o la pareja sentimental de la víctima como asesinos confesos, bajo tortura”, acusó Mazatle Rojas.
Y acusaron directamente Fernando Rosales Solís, director General de Atención a Delitos de Alto Impacto, puesto que la encargada del despacho de la Visitaduría General de la PGJ, Celia del Carmen Solís y Macías, quien supervisa estas conductas es madre del funcionario.