“En Puebla se perdió la confianza en los gobiernos y la procuración de justicia. Los delincuentes salen libres de inmediato y vuelven a agredir a la sociedad misma que reclama que haya fin a la impunidad”, advirtieron los diputados de los partidos Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista; en tanto, Susana Riestra Piña presentó un punto de acuerdo para que la autoridad detenga y castigue a los responsables del salvaje asesinato en Ajalpan.
Al hacer uso de la tribuna del Congreso del Estado, tres fuerzas políticas condenaron los hechos del pasado lunes; además, indicaron que la violencia genera más violencia.
Para la diputada del Partido Verde, Geraldine González Cervantes, el desgaste de las instituciones y la ausencia de credibilidad en la autoridad contribuyen a la generación de violencia e ingobernabilidad en distintos puntos del estado.
No obstante, aclaró que los hechos recientes de linchamientos y ejecución de presuntos delincuente en la entidad no son casos aislados, son resultado, en su mayoría, de la ineficiencia sumada a las características culturales de la población.
“Cualquier acto que involucre la toma de justicia por propia mano es condenable, más aún cuando atente contra la integridad física y la vida de las personas”.
González Cervantes sostuvo que el reto es el recuperar la confianza de los poblanos; “de no hacerlo se corre el riesgo de presenciar más casos de abuso, de histeria, de vandalismo y delincuencia disfrazada de justicia”, comentó la diputada del Verde.
Exigen revisar ayuntamientos
El diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Alvízar Linares, se pronunció por revisar la situación de los ayuntamientos e instituciones, para determinar si en verdad están cumpliendo con la cuestión de ética.
Ante los diputados locales, Alvízar Linares advirtió: “no podemos soslayar los lamentables acontecimientos ocurridos en el municipio de Ajalpan, condenamos enérgicamente los hechos. Por encima de todo están las instituciones y las leyes. No obstante, debemos analizar cuidadosamente lo sucedido. Hay un factor común en los eventos referidos. Aun cuando las circunstancias son diferentes en cada caso, no puede negarse la existencia de una acumulación de hartazgo social”.
Más allá de partidos y banderas políticas, comentó, debe reconocerse que hoy la gente ya no cree en sus autoridades y aceptar que muchos gobiernos no han estado a la altura de las demandas ciudadanas.
“La sociedad demanda gobiernos con autoridad moral, que generen confianza entre la población y puedan gozar de un pleno estado de derecho. La gente anhela presidentes municipales cercanos, con quien puedan dialogar, a quien puedan exponer sus problemas y obtener respuestas”.
Sobre el Mando Único expresó: “Sin duda, coincidimos en que la coordinación entre Estado y municipios en materia de seguridad pública es imprescindible; también en que debemos analizar a fondo el establecimiento del mando único y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad pública, sin embargo no son los únicos elementos a considerar, estas acciones deben estar acompañadas de valores universales que asuman los funcionarios. Es urgente un cambio real y profundo en el actuar de los servidores públicos.
”Hacemos un llamado a todos los sectores sociales a que formemos un frente común sociedad y gobierno, partiendo del principio de que es el mejor binomio, para erradicar los flagelos de la impunidad, la violencia y las expresiones antisociales.
”Todos somos corresponsables, no simples espectadores, unámonos para encontrar soluciones responsables”.
No obstante, se pronunció por impulsar un Código de Ética para todos los servidores públicos de los ayuntamientos, es el verdadero antídoto para aliviar a nuestra sociedad que atraviesa por un estado de descomposición y que ha sido alimentado por malos funcionarios, por corrupción e impunidad, y por autoridades ineficientes e incapaces de escuchar a los ciudadanos.
Sanción a homicidas
Susana Riestra Piña presentó un exhorto para que a las autoridades a sancionen a los responsables de los asesinatos de los jóvenes encuestadores. “Que sean castigados con todo el peso de la ley”.
El dato
Carlos Martínez Amador, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, convocó a los 217 presidentes municipales de Puebla a sumarse a un mando unificado “para trabajar de manera coordinada con la administración estatal en materia de seguridad e impedir que los ciudadanos busquen hacer justicia por propia mano”.