Las senadoras de la república, Blanca Alcalá Ruiz; Lucero Saldaña Pérez; y los senadores, Ricardo Urzúa y Teófilo Torres Corzo, presentaron en el Senado un punto de acuerdo sobre el caso Ajalpan.

El punto de acuerdo condena el linchamiento que causó la muerte de dos jóvenes el pasado 19 de octubre de 2015, en el municipio en el municipio de Ajalpan, Puebla.

En el punto de acuerdo el senado de la república manifiesta su preocupación por la falta de coordinación entre las diferentes instancias de seguridad de Puebla, que facilitó el linchamiento que causó la muerte de dos jóvenes.

Además, los senadores por el estado de Puebla, piden que el senado exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para que con pleno respeto a los derechos humanos investigue a fondo y llegue hasta las últimas consecuencias en el caso del linchamiento y privación de la vida de dos personas en el municipio de Ajalpan, ocurrida el 19 de octubre de 2015.

El pasado 22 de octubre se enlistó en el orden del día un punto de acuerdo con los mismos argumentos a nombre del grupo parlamentario del PRI en el Senado. A diferencia del punto enlistado en la sesión del jueves pasado, en este documento, también enlista en la sesión de este martes 26 de agosto, el punto de acuerdo firmado por las senadoras por Puebla, Alcalá, Saldaña Pérez y el senador, Ricardo Urzúa.

“Hacemos un profundo extrañamiento al municipio de Ajalpan, por la falta de previsión ante los hechos que finalmente derivaron en el linchamiento de dos personas. Sucesos como éstos, no deben seguir presentándose en Puebla y en el país.”

“Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y la paz. Consideramos que la aplicación de la justicia debe realizarse siempre con apego a las leyes y con total respeto a los derechos humanos.

Esta situación revela la urgente necesidad de implementar el Mando Único Policial en los 217 municipios de Puebla, como incluso ya se manifestó el Congreso local y la propia ciudadanía; lo que implica que los gobiernos estatal y federal tengan la labor exclusiva en la materia, y poder evitar en el futuro situaciones como las recientemente presentadas.”

“El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que ninguna persona podra hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Asimismo, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales.

A su vez, el artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública es una función a cargo de la· Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva. En este caso, la autoridad estatal no estuvo presente. En ningún caso se manifestó el respaldo en tiempo y forma de la Policía Estatal hacia la municipal.”

Cabe señalar que el documento enlistado en la orden del día del senado de la república insiste en la versión de que la policía estatal no intervino para salvaguardar la seguridad de los dos encuestadores que fueron linchados por una turba en el municipio de Ajalpan.

La aseveración de los senadores de la república del PRI contrasta con la versión gubernamental que achaca la violencia en Ajalpan al clima de ingobernabilidad que generó el alcalde, Gustavo Lara Torres. El propio gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, ha señalado que el alcalde no cumplió los protocolos de seguridad en el municipio ni tampoco informó a la Secretaría de Gobierno del clima de violencia. Ante esa ausencia de autoridad el gobierno estatal decretó intervenir en el municipio reemplazando con policías estatales las funciones del gobierno municipal de Ajalpan.

El gobernador externó que debido a que “se vio superado el municipio”. Y que hubo irregularidades debido a que la policía de Ajalpan detuvo a los encuestadores sin que haya existido una órden de aprehensión, es decir, sin ninguna causa. Además, no llevaron a los encuestadores ante el Ministerio Público sino que los llevaron al ayuntamiento, donde los polítcias fueron desarmados.

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Por otro lado, instancias como la CNDH han condenado la violencia en el municipio de Ajalpan. La semana pasada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deploró los acontecimientos ocurridos en Ajalpan, Puebla, donde dos jóvenes que se identificaban como encuestadores fueron asesinados ysus cuerpos quemados por pobladores, quienes los acusaron de intentar plagiar a una menor de edad.

Al respecto, la CNDH demanda justicia para las víctimas y sus familias, mediante una investigación seria y profesional que permita dar con los responsables, para que sean castigados de acuerdo con la ley, no haya impunidad, y además exista reparación integral del daño.

Para este Organismo Nacional, el fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que se ha presentado en el estado de Puebla evidencia la fragilidad del Estado de Derecho, que establece los procedimientos e instancias para el acto de juzgar las conductas delictivas de las personas.

A los ojos del país y del mundo se pone de manifiesto la existencia de sociedades que no sólo muestran su falta de respeto a la ley, sino que recurren a vías injustas para aplicar la justicia. Nada hay que respalde o justifique esas conductas bárbaras en nombre de la justicia, ni aún en aquellos casos en que se puedan regir por usos y costumbres, porque toda conducta tiene como límite los principios de la Constitución General de la República, el respeto a los derechos humanos y, de manera relevante, el respeto a la vida, la dignidad e integridad de las personas.