La defensa de los cinco presuntos culpables del linchamiento en Ajalpan fue literalmente aplastada en en el preambulo de lo que será el jucio oral en su contra.
Con la mirada baja, perdida, viendo a la nada, los cinco imputados -de estatura media superior al 1.65, tres delgados, un fornido y un regordete-, escucharon atentos las acusaciones.
Vestidos de uniforme caqui, de frente al juez, ni siquiera voltearon a ver a la agente del Ministerio Público (MP) o fiscal, que tenían a su lado derecho, cuando daba detalle del linchamiento de dos jóvenes encuestadores el lunes 19 de octubre en el zócalo de Ajalpan.
Sentados unos metros atrás, los familiares de los detenidos solo se mecieron los cabellos, se taparon los ojos y secaron las lágrimas al escuchar los detalles de la muerte de los jóvenes que solo fueron a su pueblo a trabajar.
Una pequeña cámara de video en la esquina frente a una bandera de México, en el salón de usos múltiples improvisado como sala de juicio oral en el penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez, documentaba oficialmente los momentos antes de declararse legalmente el auto de vinculación a proceso, antes llamado formal prisión.
Está prohibido grabar voz, tomar fotos o sacar vídeo, sobre todo a la prensa, con la advertencia que de hacerlo se incurriría en un delito penal.
A pesar de las restricciones Intolerancia Diario, fue uno de dos únicos medios de comunicación presentes en la audencia inicial, que sirve para documentar loque será el juicio oral.
Las pruebas presentadas ante el juez de control de Tehuacán, son testimoniales o declaraciones sobre todo de funcionarios públicos y policías del municipio Ajalpan.
La fiscal no habló de alguna fotografía o video donde se aprecien los imputados, sin embargo, afirma fehacientemente que fueron los inquisidores de la noche de pesadilla.
No obstante, esto no fue aprovechado por la defensa del estudiante, un chofer, dos obreros y un cuidador de escuela que están bajo proceso.
Fue muy endeble la defensoría, al grado que uno de los abogados fue expulsado de la sala por el juez, al apreciar su falta de capacidad en este tipo de juicios verbales.
Todos fueron detenidos el pasado jueves 22 de octubre en un operativo de la Policía Ministerial, una vez que el gobernador Rafael Moreno Valle, por decreto, tomó el mando de la seguridad en el municipio, tras el linchamiento que le dio la vuelta al mundo.
Este juicio sumario es el primero de gran relevancia en Puebla, donde se buscará esclarecer el linchamiento de dos hermanos encuestadores.
El ejercicio legal denotó o desnudó que este tipo de procedimientos aún están en pañales en el estado, con abogados anquilosados y Ministerios Públicos o fiscalías, que se tratan de aferrar a los papeles.
De este modo, los cinco hombres a los que por ley se prohíbe publicar incluso su nombre de pila real, iniciaron un procedimiento penal que tendrá que terminar en menos de un año.
Reviviendo la pesadilla
Aunque se trataba de un juicio oral, la fiscal de Tehuacán, solicitó leer todo el expediente de la investigación elaborado por la Procuraduría de Puebla sobre el linchamiento, aferrada al viejo estilo de los procesos penales.
A pesar de que el juez pudo evitar la lectura y solicitar solo una explicación clara de los hechos, aceptó la petición.
En una perorata que duró más de una hora y media, la representante social narró a detalle lo sucedido el 19 de octubre; describió momento a momento desde que los encuestadores empezaron a ser agredidos verbalmente, hasta su muerte.
Explicó que había zozobra en el pueblo por la supuesta aparición de robachicos, además de que molestó mucho que los jóvenes hicieran demasiadas preguntas sobre las costumbres del consumo de tortillas.
Sin embargo, reiteró en varias ocasiones que una menor, que supuestamente trataron de robar momentos antes, no los reconoció como sus agresores cuando estaban detenidos en la comandancia municipal.
Ni siquiera la presión de la muchedumbre hizo que la menor los señalara, no obstante, afirmó basada en sus testimoniales que, uno de los detenidos, Juan N, azuzó a la gente a linchar a los hermanos a pesar de que sabía que eran inocentes.
“¡Hay que lincharlos, hay que matarlos!, dijo (Juan N) a pesar de que la niña salió a decir que no fueron ellos quienes la jalonearon”, señaló la MP leyendo el expediente.
Otros de los ahora implicados, Guillermo N y Pedro N, entraron con varias personas a la presidencia a fuerza de golpes para llevarse a los encuestadores, a quienes encontraron resguardados en la azotea.
Desde ahí, dijo la fiscal, fueron bajados a golpes en una escalera de caracol, con patadas en el rostro, jalones de cabello y los entregaron a la muchedumbre de mil personas, quienes los esperaban con tubos, palos, machetes y demás armas.
La representante social, basada en declaraciones de funcionarios y policías municipales, afirmó como otro imputado, el estudiante Marcos N, los recibió con golpes con un tubo.
Asimismo, se identificó a Carlos N, como el joven que los bañó en gasolina, aceite quemado y los rellenó con ropa para prenderles fuego, mientras la turba que los rodeaba aplaudía y videogrababa con sus celulares.
Mientras relataba cada paso, los imputados bajaron la vista al suelo para escuchar atentamente, mientras que algunos de sus familiares se mostraban estupefactos, mujeres derramaban lágrimas y algunos escuchaban con la boca abierta.
La indignación, desesperación o sentimientos removidos, saltaron más entre estas personas, cuando la MP relató que los encuestadores fueron quemados vivos.
Y lo demostró con las pruebas de la necropsia de ley, al encontrarse hollín en la garganta de las víctimas, lo que implica que aún respiraban y sufrían por las llamas que quemaron sus cuerpos hasta calcinarlos en 70 por ciento.
En la sala solo quedó un silencio sepulcral, interrumpido por pequeños sollozos atrapados entre las manos de las mujeres que cubrían sus bocas.
De este modo madres, hermanas y esposas de los implicados, impidieron el llanto de arrepentimiento o desesperación ante lo apabullante de las acusaciones.
En pañales anquilosados
La nueva forma de enjuiciar en México, en este caso apabulló a los abogados defensores que llegaron al penal.
Antes de ingresar, en entrevista a Intolerancia Diario, afirmaron tener el sartén por el mango y que se trataba de una injusticia.
La sesión inició una hora con 12 minutos de retraso este martes al medio día, y en menos de 60 minutos uno de ellos fue expulsado por falta de preparación.
Dos abogados de edad madura, con trajes desgastados, al bajar de su automóvil, llevaron bajo el brazo sendos códigos penales. “para que vean que venimos preparados”, dijeron al abrir uno de los libros que aún mantenía su envoltura original.
Sin embargo, a menos de una hora de iniciado el proceso uno de ellos fue expulsado al intentar defender la única prueba documental que se presentó a favor de uno de los cinco imputados.
Y es que la fiscal demostró que la prueba, que consistía en un registro de entrada y salida de su trabajo, legalmente no era viable, al tratarse de un documento privado, fácilmente alterable.
Pero el abogado, sin hacer señalamientos claros basados con artículos de las leyes en materia penal, trató de defender la prueba sin éxito.
Inmediatamente el juez le señaló al acusado que su abogado no estaba capacitado para defenderlo en el juicio oral, por lo que ordenó su expulsión.
Por lo tanto, preguntó si nombraría a otro defensor o se le otorgaría uno de oficio, lo que rechazó y nombró al segundo litigante en turno, quien llevaba su código penal bajo el brazo.
De este modo, el juez de control de Tehuacán, dictó el auto de vinculación a proceso, luego de escuchar los alegatos de la defensa de las cinco personas y basado en el análisis y pruebas documentales y de video, que recabó la fiscalía.
El clamor
Familiares que platicaron con Intolerancia Diario, antes de entrar al penal, afirmaron que se trata de una injusticia, al considerar que la detención de los 5 pobladores de Ajalpan se hizo al azar.
De extracción humilde, familiares llegaron al lugar con una pequeña niña como de dos años. Afirmaron que los que realmente participaron en la revuelta ya ni siquiera estaban en Ajalpan, habían escapado y sus maridos, hermanos e hijos son solo chivos expiatorios.
Sus argumentos son que los detenidos ni siquiera salieron de sus casas a asomarse a pesar del llamado de las campanas y el escándalo de la revuelta.
Entre los cinco detenidos -tres de ellos son familiares- dejaron en la desprotección a por lo menos cinco pequeños, que a decir de los rumores o imaginario popular, corrían el peligro de ser robados como otros niños más.