El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Sergio Céspedes Peregrina, aseguró que el caso Chalchihuapan no está cerrado y aclaró que una vida humana no tiene precio y lo que hay que buscar es que se llegue hasta las últimas consecuencias.
Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalara que no se han cumplido las recomendaciones, el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que lo que espera la legislatura es que los responsables cumplan con lo que establece la ley y que se pueda mandar un mensaje a la sociedad donde se castiga a los responsables.
Refirió que ya con la nueva Ley de Transparencia este tipo de hechos no pueden quedar impunes, además de que se conocerá si se cumplieron o no las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Aseguró que la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla no fue la causa de la represión del 9 de julio de 2014.
Advirtió que la propia comisión basó sus recomendaciones en que se incumplió la ley.
Céspedes Peregrina anunció que el tema será tratado en comisiones, además aclaró que no ha llegado nada en concreto por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Congreso del Estado en el sentido de si fueron o no cumplidas las recomendaciones.

Falta la justicia

En tanto, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo, demandó que se aplique la ley en contra de los responsables de la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo al señalar que no se ha hecho justicia a más de un año de los hechos.
El legislador local que votó en contra de la llamada Ley bala indicó que desde el 19 de mayo cuando se aprobó la “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla”, la entidad vivió en medio de mentiras.
Recordó que el documento que se votó en el pleno y el que se publicó en el Periódico Oficial no fue el mismo, ya que el primero sí contemplaba el uso de armas de fuego.
Peña Hidalgo sostuvo que él aún conserva el documento que les entregaron a los diputados el 19 de mayo de 2014, mismo que en sus artículos tiene la autorización para que en las manifestaciones se utilizaran armas de fuego.
Indicó que ahora hay que ejercer acción penal en contra de Facundo Rosas, los elementos que lesionaron a la gente de San Bernardino Chalchihuapan; además de atender el dictamen de la CNDH detenidamente, ya que indica serias violaciones a los derechos humanos.
Julián Peña manifestó que se ha demostrado que existe responsabilidad penal de funcionarios de primer nivel como del exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas y la petición es que se proceda conforme al Estado de Derecho