Se endurecen las penas contra la comercialización de hidrocarburos robados.

Antes de la reforma, que esta semana pasará por el Senado de la República, para su discusión y aprobación, había lagunas legales que impedían sanciones severas a quienes participaban en las redes de comercialización de combustibles robados.

El diputado federal y coordinador de los diputados del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez afirmó que la iniciativa fue retomada de varios puntos de acuerdo, entre ellos el del diputado del PRI, Alejandro Armenta Mier y de otras propuestas que se encontraban en el Congreso Federal.

Giorgana Jiménez explicó que la iniciativa fue retomada a propuesta del coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiróz, quien expuso la necesidad de endurecer las sanciones y tipificar el delito que incluye las redes de comercialización de hidrocarburos robados.

De esta manera, afirmó el diputado del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, se estaría inhibiendo el delito de la comercialización de hidrocarburos robados: “Los gasolineros podrían ir a la cárcel. En caso de que participen vendiendo o distribuyendo, transportando o almacenando gasolina robada”, expuso el legislador del PRI quien dijo que la misma iniciativa pasará al Senado este martes para su discusión

Lo que los legisladores queremos es que el robo de gasolina, pero además toda la cadena de distribución, almacenamiento y comercialización sea un tema federal y vamos en ese camino para que sea aprobada por los senadores, mañana o pasado la aprueben. Y se sancione también a los funcionarios que participen en estas redes protegiendo a los hurtadores o cualquier parte de esta red, que forma parte de un delito de delincuencia organizada, explicó el diputado priista.

Giorgana señaló que esta iniciativa tenía ya tiempo y que por la carga de trabajo en el poder legislatio la misma iniciativa no había salido a discusión y a aprobación hasta que el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho tomo la iniciativa y los coordinadores de los grupos parlamentarios cabildearon en torno a la misma

El diputado priista recordó que su compañero, el diputado, Alejandro Armenta Mier, había presentado ya un punto de acuerdo sobre el robo de hidocarburos en Puebla y que ha habido preocupación de los legisladores sobre esta problemática. La nueva ley contra el robo de hidrocarburos protege las inversiones del sector privado en la materia y endurece las sanciones en contra del robo de combustibles.

Al año la industria pierde 40 mil millones de pesos por estos robos. La ley busca brindarle “certeza jurídica” al sector energético.

Sin embargo, la iniciativa, aprobada la semana pasada, fue criticada por Movimiento Ciudadano y por el PRD. La iniciativa incluía en su redacción la calificación de “terrorismo” para la protesta social. De hecho, la iniciativa, tardó en aprobarse porque el PRI intentó aprovechar la ley criminalizando cualquier acción de protesta en las inmediaciones de las instalaciones de combustible.

La norma busca castigar a quien sustraiga, reciba, compre, enajene, reciba o negocie con hidrocarburos sin el consentimiento de los distribuidores, permisionarios, contratistas, asignatarios.

**

La iniciativa, que ya aprobó la cámara de diputados, con 340 votos a favor, 7 en contra y 57 abstenciones, aún debe contar con la aprobación del senado de la república.

La iniciativa tipifica el robo de gasolina y diésel como delincuencia organizada. Las penas van de 25 años de prisión y multas acordes al daño patrimonial.

La nueva legislación incluye cárcel de 10 a 18 años de prisión. También una multa que va de 17 mil a 27 mil días de salario mínimo si se venden litros incompletos de gasolina y gas licuado de petróleo (LP).


Las sanciones

Se establece que en la extracción ilegal de combustibles, se castigará a quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie, resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte, o bien altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Además la iniciativa sanciona de una asignación o contrato al que sustraiga, aproveche, altere, adultere sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios y distribuidores. También sancionar como un delito grave la compra, enajenación, recepción y adquisición, negociación, resguardo, transporte, almacenamiento, distribución, posesión, alteración, adulteración, suministro u ocultamiento de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos.