La Fiscalía General de Justicia en el Estado, ejerció acción penal en contra de una mujer que reclama ver a sus hijos, los cuales le fueron quitados por el Sistema DIF que presidía la hoy secretaria general del PAN, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, sin que hubiera evidencias de que los menores eran maltratados.
Luego de emprender acciones legales para recuperar a sus hijos, Liliana Hernández Mena fue detenida el pasado 28 de enero y liberada bajo fianza, presuntamente por violencia intrafamiliar, pero el dictamen de los propios médicos legistas de la Fiscalía General, señalan que ninguno de los menores presentaba lesiones o el síndrome del niño maltratado.
El abogado Pablo Herrera Romero, recordó que desde el año pasado le fueron quitados los menores a la mujer por una supuesta denuncia, pero lo grave es que el Sistema DIF los llevó a un centro ubicado en Acajete sin condiciones adecuadas para atender a los menores.
Indicó que este centro lo denominan “El Jacalito” y obligaron al padre biológico de uno de los menores a firmar un documento donde se desiste de presentar alguna queja por haberlos llevado a ese lugar.
Herrera Romero explicó que al no ceder la madre de familia y seguir luchando por recuperar a sus hijos, fue enviada al penal de San Miguel donde solo estuvo un día y se pagó la fianza.
Señaló que existen demasiadas irregularidades  en el caso en una protección a los funcionarios del DIF que iban a dar en adopción a los menores sin contar con los elementos.
Víctima de la persecución
Desde que se dio a conocer el hecho, el abogado sostuvo que el sistema DIF tomó represalias en contra de Liliana Hernández Mena tras denunciar la violación a un amparo y que le quitaron ilegalmente a sus hijos, por ello ya se giró una orden de aprehensión en su contra, pero además los menores fueron enviados a hogares disfuncionales o con problemas, en el caso de la menor de cinco años a la casa de su padre que fue denunciado por violencia intrafamiliar, además de que se encuentra en tratamiento por consumo de drogas, mientras el niño a casa de abuela paterna que sufre de diabetes e hipertensión.
Mientras el Sistema DIF estatal a través de un comunicado sostuvo que se cumplieron con todos los procedimientos para salvaguardar la integridad de los menores que llegaron al organismo el pasado 3 de julio, tanto Liliana Hernández  como el abogado rechazaron esta versión, e indicó que está siendo agredida como mujer por las propias autoridades.
El abogado Pablo Herrera señaló que el Sistema DIF está violando los acuerdos internacionales de protección al menor al haberlos entregado a hogares donde no se garantiza su bienestar.
Insistió que hay situaciones anómalas como el hecho de que los menores en lugar de ser ubicados en el área de maltrato infantil que es el argumento aunque no han presentado el estudio clínico, los ubicaron en el área de adopción.
Indicó que esta irregularidad hace suponer que la intención era el darlos en adopción al ver que la madre es humilde y no tendría posibilidad de recuperarlos, sin embargo por la intervención de abogados que no le han cobrado se presume que no lo pudieron hacer.
Pablo Herrera manifestó que va a continuar con el apoyo hasta que le sean devueltos a su madre lo dos menores.

La víctima

Hace seis meses en entrevista la joven madre, quien trabaja como obrera en la zona de San Martín Texmelucan, mostró las fotografías de sus hijos, e indicó que ninguno de los dos fue maltratado por ella, dijo que pese al escaso salario que recibe ya que ninguno de los padres de sus hijos la apoyaba económicamente estaban bien alimentados y acudían a la escuela además de tener atención médica.
Advirtió que temía por la integridad de su hija de cinco años que fue entregada a la abuela paterna, pero en ese mismo lugar vive Alejandro Fernández Rugerio quien es adicto a las drogas y está acusado de violencia intrafamiliar, por ello decidió dejarlo tras presentar una denuncia ante el Ministerio Público pero nunca procedieron en su contra.
Indicó que ella fue golpeada varias veces cuando era su pareja sentimental, pero el DIF que dice proteger a los menores la entregó a un hogar donde existe el riesgo de que la niña sea golpeada o en un caso extremo atacada por un drogadicto.
Señaló que en el caso del menor se entregó al padre que vive en casa de sus papás, está desempleado, y la abuela que presuntamente lo va a cuidar es diabética y con problemas de hipertensión.
Comentó que el padre de ella se presentó a solicitar la custodia de sus nietos, tiene empleo sin antecedentes de adicciones, pero el DIF lo calificó no viable.
 

La denuncia

En agosto de 2015 se informó que funcionarios del Sistema  Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que presidía Martha Erika Alonso de Moreno Valle fueron  denunciados penalmente ante la instancia federal junto con varios de sus colaboradores por violar una suspensión  provisional del juicio de amparo 1245/2015-IV del juzgado primero de distrito, tras arrebatar a una mujer a sus hijos de cinco y ocho años de edad.
En rueda de prensa el dirigente estatal del Movimiento por la Esperanza, Jorge Méndez Spínola al mostrar el amparo interpuesto por Liliana Hernández Mena, madre soltera a quien le fueron arrebatados sus hijos el pasado 3 de julio por personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sin que hubiera una denuncia previa, dijo que se han cometido abusos y sobre todo el desacato a una orden judicial.
En el documento se señalaban como presuntos responsables Maciel Merino Aguirre, encargado de la averiguación previa 2048/2015 de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Claudio Vega Ramos,  responsable de la representación legal de adopciones del DIF estatal; María de Ángeles López Rosales, parte del ministerio público del DIF;  María Fabiola Herrera Rosas, procuradora del menor; Claudio Vega Ramos, responsable del área de violencia intrafamiliar, y reiteró que la presidenta de dicho organismo es Martha Erika Alonso de Moreno Valle.