La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio de plazo para el domingo al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática para que postule el candidato a gobernador y en la terna debe incluir a Julián Rendón Tapia, Arturo Loyola González y Miguel Ángel de la Rosa Esparza, así como algún ciudadano que quiera participar.
Durante la sesión de la Sala Superior los magistrados anularon las dos convocatorias que hicieron los perredistas y ante la imposibilidad de reponer el proceso, se ordena al Comité Ejecutivo Nacional que a más tardar el 13 de marzo nombre al candidato.
El dictamen señala que deben contemplarse en la valoración los nombres de Julián Rendón Tapia, Arturo Loyola González y Ángel de la Rosa Esparza.
En el caso de Andrés Hernández Toriz, Eric Cotoñeto Carmona, Socorro Quezada Tiempo  y Roxana Luna también podrán inscribirse.
El magistrado Flavio Galván reconoció que no existen facultades del CEN para la designación pero por cuestión de tiempo tendrá que hacerse de esa manera.
Dijo que la solución que se propone es de acuerdo a las condiciones que hay en el estado, recordó que la etapa de precampaña concluyó el pasado 3 de marzo y en el caso del PRD debió concluir el 2 de marzo.
Insistió en que resulta imposible jurídicamente la reposición del procedimiento, y reconocieron la convocatoria del 12 de febrero que emitió el consejo manejado por Nueva Izquierda.
Advirtió que de acuerdo a la legislación es el 14 de marzo cuando inicia el proceso de registro de candidatos al gobierno del estado.
Dijo que el artículo 273 del estatuto del Partido de la Revolución Democrática, que señala que las elecciones nacionales estatales, nacionales o municipales serán organizadas por la dirigencia nacional.
Reconoció que hay elementos donde puede intervenir el comité de manera directa, pero son casos excepcionales, ya que se pide se dé prioridad a los procesos democráticos.
Señaló que en estos momentos hay una ausencia de candidatos y candidatas para representar al partido.
Flavio Galván declaró que no se ha llevado el procedimiento para elegir candidato y por ello existe el riesgo de que no exista candidato.

Ordenan mayor presupuesto para Tribunal local

En la sesión  la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró válido el Juicio para la Defensa de los Derechos Políticos del magistrado del Tribunal Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales a quien se le redujo la dieta que recibe por desempeñar el cargo.
De acuerdo con la resolución del proceso SUP-JDC-184/2016 que interpuso Jorge Sánchez Morales en contra de la determinación de Adrián Rodríguez Perdomo de haber reducido la dieta del magistrado que de acuerdo a la ley debe ser similar a la que reciben los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En su argumentación el magistrado Flavio Galván Rivera, le asiste la razón a Sánchez Morales, pero reconoce que no existen recursos económicos para cubrir en estos momentos lo que debe percibir.
La resolución va dirigida a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla y al  Congreso del Estado para que haya una ampliación al presupuesto que recibe el tribunal Electoral del Estado de Puebla a fin de que se dé la homologación.
El salario de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia es de 75 mil 500 pesos, que de acuerdo a la ley deben percibir los magistrados electorales, pero sin sesionar el presidente Adrián Rodríguez determinó la reducción.

Exhiben a Puebla

Durante la sesión al abordar el tema electoral de Oaxaca el tribunal puso como ejemplo de lo que no debe hacerse en los procesos electorales las decisiones que se tomaron en el estado de Puebla.
El magistrado Constancio Carrasco Daza recordó que la Suprema Corte de Justicia corrigió al Congreso del Estado cuando solicitó que para los candidatos independientes tenían que estar presentes los ciudadanos que acudieran a dar el apoyo.
Expuso que el caso queda como ejemplo de cuando hay excesos para limitar la participación ciudadana y por ello fue desechado el candado.
Los magistrados discutían referente al apoyo ciudadano que en Oaxaca es del 2 por ciento de las firmas.