El cuestionado comportamiento del Instituto Estatal Electoral (IEE) se abordó en tribuna durante la sesión permanente del Congreso Local.
La legisladora del PVEM, Geraldine González, propuso una modificación a la ley electoral para que se castigue a los funcionarios electorales -magistrados o consejeros- cuando se demuestre que actúan bajo presiones o consigna política o para recibir algún favor o dádiva gubernamental.
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El Instituto Estatal Electoral ha aprobado de manera sistemática en el transcurso de este proceso electoral decisiones que al ser impugnadas ante el Tribunal Federal Electoral han sido revertidas.
La oposición ha acusado a los consejeros electorales de actuar bajo “consigna” gubernamental en lugar de hacer interpretaciones apegadas a la ley. Entre las actuaciones cuestionables del consejo local ha sido negarles a partidos políticos como Morena, PRD, PES la entrega de prerrogativas electorales por decisión del pleno, medidas todas ellas que han sido revertidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Otra medida que ha sido revertida por el Tribunal Electoral ha sido aprobar medidas para impedir que en esta elección se registren candidatos independientes por la minigubernatura. Como es el caso de la expanista, Ana Teresa Aranda.
Por lo tanto, la diputada del PVEM, Geraldine González expuso que se sancione dichas actuaciones para lo cual propuso una modificación a la ley electoral vigente.
La legisladora verdeecologista propuso que “se integre y apruebe las reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de establecer como delitos electorales a cargo de los funcionarios y autoridades jurisdiccionales electorales, así como de los servidores públicos, que ejerzan sus atribuciones, o soliciten que así sea, de manera parcial y/o subordinada, ya sea por presión, amenazas, pago, dadivas, promesas o favor”.
Asimismo, la legisladora verdeecologista pidió que se exhorte Se exhorta al Honorable Congreso de la Unión a que en ejercicio de sus atribuciones, integre y apruebe en términos del artículo 105, fracción II penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y demás ordenamientos aplicables, a fin de establecer que cuando menos la mitad de los integrantes de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales, deberán ser profesionales del derecho. Además, para especificar, dentro de las causas de remoción por parcialidad, subordinación, negligencia, ineptitud o descuido de aquellos, así como de los Magistrados de los Tribunales Electorales Locales, la revocación constante de sus determinaciones por parte de las autoridades competentes.
La legisladora del PVEM señaló que los artículos 102 y 117 de la ley general de instituciones electorales señalan que entre las causas de remoción y responsabilidad de los consejeros y magistrados electorales, figurando entre ellas “atentar contra la independencia e imparcialidad de su función, así como tener notoria negligencia, ineptitud o descuido”.
De acuerdo a la diputada del PVEM para acreditar lo anterior bastaría “revisar la aprobación de determinaciones contrarias a derecho, situación comprobable con su revocación constante por parte de las autoridades competentes”.
Geraldine González propuso la revocación administrativa y judicial reiterada, a fin de constituirse como causa de remoción de los cargos de consejeros y magistrados con el propósito de preservar la autonomía y la imparcialidad de los órganos electorales.
La diputada recordó el caso de consejeros electorales que han violado el principio de imparcialidad y han engañado al consejo general como el de Armando Guerrero quien ni siquiera era abogado titulado como marca la ley: “La desconfianza creciente hacia las autoridades no exenta a las encargadas de organizar las elecciones. En nuestro Estado se han presentado casos en los que su credibilidad se ha visto dañada. Se dio el caso de un expresidente del Consejo General que supuestamente falsificó documentos oficiales para acceder al cargo; un ex consejero electoral que se vio obligado a renunciar por la supuesta operación política que ejercía en el vecino estado de Tlaxcala. Recientemente, conocemos de diversos señalamientos, impugnaciones, así como la revocación de las determinaciones del órgano local electoral, lo cual se traduce en la violación de derechos de partidos, candidatos y ciudadanos”.
Otra propuesta de la legisladora fue que la mitad de los consejeros del Instituto Estatal Electoral sean abogados.
