Priístas y panistas se enfrascaron en una guerra de puntos de acuerdos y exhortos en el Congreso del Estado por la concesión del servicio del agua potable y la operación del Soapap, esto a una semana de que concluyan las campañas electorales.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, las bancadas del Revolucionario Institucional y Acción Nacional presentaron quejas por el pasado y presente del problema del agua, la primera a través de Pablo Fernández del Campo pidió revocar el contrato a Concesiones Integrales, en tanto los panistas con Patricia Leal exigió que la Fiscalía General de Justicia investigue un fraude cometido contra Soapap en 2010 con  la venta de un terreno.

Durante la sesión el diputado Pablo Fernández del Campo expuso que Concesiones Integrales (Agua de Puebla) incumplió con la inversión de mil 500 millones de pesos a la que se comprometió con la firma del contrato para el primer año, pero hasta el momento solo invirtió 65 millones de pesos.

Expresó que en el municipio de Puebla el 26 por ciento de quienes pagaron por adelantado cuentan con servicio diario, pero el 74 por ciento restante cuenta con él solo una o dos veces a la semana.

Indicó que ante tal situación procede la rescisión del contrato una vez que hay un incumplimiento por parte de la empresa además de que la adjudicación se dio de manera poco clara como lo han señalados medios de comunicación a nivel nacional.

Asimismo presentó una iniciativa de decreto para modificar la constitución del estado a fin de que sean los ayuntamientos los que fijen las tarifas.

Pablo Fernández del Campo, responsabilizó al gobierno del estado de no haber transparentado los recursos que se entregaron por mil 400 millones de pesos que presuntamente dio la empresa por el contrato.

El contra ataque

La diputada panista Patricia Leal Islas en tanto presentó otro punto de acuerdo en asuntos generales para responder a la bancada del PRI e indicó que el problema del agua potable en Puebla no es nuevo y recordó la creación del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla.

Indicó que su punto de acuerdo era para pedir a la Fiscalía General de Justicia en el Estado que se investigue un presunto fraude cometido por el Consejo del Soapap con la compra de un terreno en 11 millones de pesos.

Indicó que quienes eran las cabezas el organismo eran el ex gobernador Mario Marín y la presidenta municipal Mario Marín.

Quien fuera titular de la Contraloría al principio de la administración del actual gobierno del estado indicó que hay un caso documentado que deberá ser revisado por las autoridades judiciales.

Cuestionó que el Soapap haya sido utilizado como la caja chica del gobierno y nunca se transparento.

Durante su intervención en tribuna señaló los problemas del Soapap se agudizaron a partir de 2005 cuando era presidenta municipal Blanca Alcalá y gobernador Mario Marín.

Patricia Leal declaró que su postura es por la transparencia y si hay que investigar que se haga.

PRI  denuncia fraude

En tanto en conferencia de prensa el coordinador de la campaña de la alianza Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Encuentro Social (PES), Alejandro Armenta Mier, afirmó que una vez que, Blanca Alcalá Ruiz, asuma el gobierno de Puebla revertirá la concesión del servicio de agua potable en la entidad.

Acompañado del delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Rogelio Cerda Pérez, hizo un recuento del proceso que se realizó para la privatización del agua y se concretara el robo del siglo en Puebla.

Manifestó que en este proceso existieron una serie de irregularidades como la constitución de la empresa Concesiones Integrales tres días antes que le fuera asignada la cesión de derechos para la prestación de los servicios.

Asimismo, que durante los dos años que lleva en operaciones esta empresa no ha cumplido con las cláusulas del contrato y la inversión para la renovación de la red hidráulica para dotar de este servicio a los poblanos, además que se incrementaron las tarifas del agua.

Enfatizó que todos estos excesos y abusos cometidos por esta empresa privada así como las deficiencias serán corregidas por el nuevo gobierno encabezado por Alcalá Ruiz para generar el abasto del vital líquido en todos los 217 municipios de Puebla.

Expresó que una de las primeras acciones será promover en el Congreso del Estado un procedimiento de reversión de la concesión otorgada a Concesiones Integrales para que la administración estatal retome la rectoría sobre este servicio.