Particulares y funcionarios que incurran en actos de corrupción a partir de 2017 serán sujetos al decomiso y privación de la propiedad de los bienes que no puedan demostrar que los obtuvieron de manera legítima, advirtió la presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, Patricia Leal Islas.

En entrevista con Intolerancia Diario, la legisladora aseguró que el Sistema Estatal Anticorrupción era un clamor ciudadano ante la situación que se presentaba no solo en Puebla, sino en todo el país.

Leal Islas aclaró que no se crea un sistema como tal para hacer más burocracia, este sistema, tiene como consecuencia la participación ciudadana, fortalecer más a las instituciones y hacer leyes más severas para inhibir actos de corrupción.

Quien fuera también contralora del estado explicó señaló que se crean figuras novedosas como el caso de la judicatura, por lo menos en Puebla, ya que en otros estados ya existía, la fiscalía anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.

Asimismo se van a nombrar a los órganos internos de control y al propio contralor será ratificado por parte del Congreso del Estado, eso es parte de los novedoso.

Puntualizó que en este nuevo sistema hay un  endurecimiento de las leyes van a aplicar a los particulares.

“Siempre se ha dicho que para que exista un acto de corrupción tiene que haber dos partes, el que ofrezca y el que recibe, y la ley aplica para servidores públicos y también para particulares.”

La legisladora puntualizó “Una de las consecuencias más graves que se llegará a dar cuando llegaran a existir actos de corrupción es el decomiso y privación de la propiedad de aquellos bienes que no se puede demostrar su legal propiedad.”

La presidenta de la Comisión Inspectora señaló que es una armonización con la federación y es una de las banderas de Acción Nacional, partido que ha promovido la transparencia y el Sistema Anticorrupción

 

Demanda Ciudadana

Al ser cuestionada sobre la creación del sistema una vez que México cuenta con una legislación abundante, respondió “Tenemos un sistema de leyes donde las debemos de respetar, tratamos de observarlas, desafortunadamente en algunas ocasiones las leyes no son lo suficientemente duras para castigar los actos de corrupción o de otro tipo de situaciones donde se violentan las mismas”

“La misma norma que señala lo que no se debe hacer pero no hay una consecuencia a ese actuar. Esto ha llevado a que exista la llamada impunidad que lastima a la sociedad, y son los ciudadanos los que demandan una mayor participación de la sociedad en todos los actos que involucran al propio gobierno, quiere tener injerencia, participar, y por ello se crea el sistema para dar participación de forma ordenada y endurecer ciertas normas”

Reiteró que se crean nuevas instituciones que van a conocer específicamente de sus actos y tiene que haber una consecuencia.

 

Cambiar la mentalidad

Patricia Leal, aclaró, que muchas de las cosas que se viven en la actualidad no obedecer a una persona o institución, e indicó “si nosotros no somos capaces realmente de entender cuál es el origen de los problemas, estamos condenados a repetirlos.

“Esto no es limitativo de un sistema o del gobierno, lo hay en las empresas, en los particulares, si todos como sociedad queremos vivir mejor en un ambiente donde no exista este tipo de actos tenemos que comenzar con nosotros mismos.”

 

 

La aprobación

El pasado 25 de octubre se dio la aprobación en el Congreso del Sistema Estatal Anticorrupción, En la tribuna detalló los alcances del sistema como la Reforma Constitucional plantea la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que resolverá las controversias entre particulares y la administración pública estatal y municipal, además, contempla la conformación del Consejo de la Judicatura, encargado de la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces.

La existencia de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que formará parte de la Fiscalía General del Estado, que investigará y perseguirá los hechos que la ley considere como delitos en materia de corrupción.

Respecto al régimen de sanciones, se establece que las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la ASE y los Órganos Internos de Control, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa; asimismo, se instituye la posibilidad de sancionar a particulares que incurran en hechos de corrupción, y a servidores públicos que no puedan comprobar la procedencia lícita de sus bienes.

En materia de fiscalización, la reforma señala que se eliminarán los principios de posterioridad y anualidad, de esta manera la Auditoria Superior podrá realizar auditorías en tiempo real, además faculta a la ASE para denunciar irregularidades ante el TJA y la Fiscalía Anticorrupción.

Además  se plantean otras adecuaciones legales a la Ley Orgánica Municipal, a la Ley orgánica la Fiscalía General y la del Poder Judicial, así como al Código Penal, al CACEP, a la Ley Orgánica de la Administración Pública, y plantea nuevas leyes como la del Sistema Estatal Anticorrupción, de Responsabilidades Administrativas, de la Fiscalización Superior, además de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.