“Me siento muy mal, porque tantas cosas que se han hecho y no hay justicia, aquí no hay justicia”, fueron las palabras lapidantes de Elia Tamayo Montes, con lo que calificó el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso Chalchihuapan.

En rueda de prensa, acompañada de su abogado Hilario Gallegos y Aracelí Bautista, madre del ex edil auxiliar de esa demarcación, señalaron que interpondrán un recurso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)

Y es que al final del 2016, la CNDH en los oscurito para dar un albazo, aceptó como cumplidos los puntos faltantes de la recomendación girada al gobierno de Puebla por la violación grave de derechos humanos de habitantes de dicha comunidad indígena.


No aceptada

En respuesta, esta misma semana, acudirán a las instalaciones de la CNDH en la ciudad de México, para colocar una corona de flores, como símbolo de que no hubo justicia.

“El piensa que con el dinero ha pagado la vida, jamás, aquí estoy en pie de lucha”, señaló Elia Tamayo en referencia a la aceptación de dos millones y medio de pesos que recibió como indemnización.

Por su parte Araceli Bautista, señaló que buscarán al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, para que revise la situación.

“Vamos a llevar una corona de flores, simbólica como diciendo qué está haciendo la Comisión  y al señor Raúl le pedimos que voltee a ver el caso de Puebla, que voltee a ver la recomendación, como presidente le compete y verificar más que nada”, dijo.

Y es que momentos antes acusó al sexto visitador, Jorge Ulises Carmona Tinoco, de no solo haber comprobado la veracidad de los documentos entregados por el gobierno del Estado, sino ni siquiera visitar Chalchihuapan.

“Que esté dando casi por concluida una recomendación que no se ha cumplido, lo que yo le dije es que la Comisión tenía que verificar, lo que para mi concepto es ir y ver, no nada más llenarse de documentos”, dijo Aracelí Montes.

Por su parte Hilario Gallegos, comentó que interpondrán un recurso ante la CIDH, luego de que existen varias irregularidades en la exoneración al gobierno de Puebla.

“Para nosotros no es el cumplimiento de la recomendación”, señaló tajante, al indicar que en el punto uno, donde se refiere a los procesos penales y administrativos contra los servidores públicos inmiscuidos, todos han sido resueltos y nadie está en prisión.

“Habría que ver si verdaderamente ya no existen las tres órdenes de aprehensión que la Fiscalía (General del Estado) señaló, y que fue uno de los puntos que estuvo en mesa”, dijo.

Y es que tenían de conocimiento que existía por lo menos otra averiguación previa en contra del ex edil auxiliar Jairo Javier Montes Bautista, quien estuvo preso más de un año por los mismos hechos.

“¿Sólo fue un buscapies para que doña Elia aceptara la indemnización?, la CNDH nunca ha dado vista a las víctimas de los documentos ni evidencias que ha presentado el gobierno del Estado”, refirió.

 

Los pendientes

Como informó Intolerancia Diario el 2 de diciembre pasado, en el oficio 79768, la CNDH explicó que tres de los 11 puntos estaban pendientes, pero el pasado 9 de noviembre el Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Puebla, entregó documentos, los cuales ya se analizaron y dieron por buenos.

Dichos puntos refieren al estado que guardan las averiguaciones previas iniciadas y los procesos penales tramitados con motivo de los hechos, así como la reparación económica.

 

Los hechos

La recomendación fue tras los hechos registrados el 9 de julio de 2014, cuando policías estatales desalojaron por la fuerza a un grupo de manifestantes que bloquearon la autopista Puebla- Atlixco.

Del enfrentamiento salieron al menos diez heridos de gravedad, entre ellos el niño de 13 años de edad Josè Luis Tlehuatle Tamayo, quien murió diez días después, debido al golpe de una lata de gas lacrimogeno, que lanzó un elemento policíaco.

El 11 de septiembre de 2014, la CNDH determinó que el gobierno de Rafael Moreno Valle, violó gravemente los derechos humanos de las víctimas, por lo que giró la recomendación señalada, la cual contenía 11 puntos.

Finalmente, tras dos años cinco meses de los hechos, CNDH está a un paso de aceptar que ya cumplió la recomendación el gobierno de Puebla, aunque nadie esté en la cárcel por la muerte del niño.