Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, no recibirá la libertad total solicitada por su familia personalmente y por los agremiados a la organización a través de diversas machas, puntualizó el secretario General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano.
La madrugada del viernes 31 de marzo Rubén Sarabia Sánchez fue liberado bajo la figura jurídica de arraigo domiciliario derivado del mal estado de salud que lo tuvo hospitalizado en los últimos ocho meses.
Dos días después de su liberación, el asesor general de la 28 de Octubre convocó a una rueda de prensa en su casa donde pidió su liberación total y la de los presos políticos generados por el gobierno morenovallista.
El señor Simitrio, como saben por una razón de salud, se tomó la decisión a petición de la familia y por resolución del gobierno y de un juez para que pudiera estar en su casa mientras termina su proceso legal”.
Diódoro Carrasco precisó que “una prisión domiciliaria cubriendo las etapas legales correspondientes y eso es lo que va a ocurrir con el señor Simitrio. No es posible (la liberación total) porque está sujeto a un proceso legal que tiene que terminar, y él lo sabe”.
Al concluir la revelación del cuadro Batalla 5 de Mayo y firma de convenio para resguardar la obra de arte, reiteró que la prisión domiciliaria que se le otorgó a Simitrio fue por petición de su familia y la autorización de un juez.
Caso Jolalpan no se resuelve con el plantón
Sobre el tema de Jolalpan explicó que se está definiendo por la vía política que está a cargo del Congreso y la jurídica referente a la secretaría a su cargo, pero no precisó la fecha en la que será resuelto el conflicto.
Consideró que no porque los habitantes tengan un plantón afuera del inmueble de la 5 Poniente se concretará la destitución del edil de ese municipio, Antonio Javana García, porque se tienen que revisar todas las pruebas.
Reiteró que Jolalpan no es un asunto político y su definición se resolverá jurídicamente y que por eso se han incrementado las reuniones con los inconformes.
No basta que cualquier grupo, de cualquier municipio se plante 15 o 30 días, o hagan huelga de hambre para obligar a la autoridad a que lo hagan o que cumplan un capricho, eso no va a ocurrir, tiene que haber pruebas para ello”.
El pasado 1 de marzo, alrededor de 50 personas de Jolalpan se manifestaron en el Congreso para exigir la remoción de su alcalde, con el argumento de que hay malversación de los recursos públicos en ese ayuntamiento.