El diputado local Pablo Montiel Solana advirtió que la revisión de los permisos que se entregaron por parte del Ayuntamiento  a Othón Muñoz Bravo, conocido como “El Cachetes”, son una cortina de humo, ante la relación del empresario con el grupo morenovallista.

En entrevista, dijo que los verdaderos responsables de permitir la operación de las gasolineras de “El Cachetes” tienen “el agua hasta el cuello”, por lo que buscan repartir culpas señalando al exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Por lo tanto, consideró que es “muy sospechoso” que después de cuatro años la autoridad municipal haya detectado la presunta existencia de irregularidades en estaciones despachadoras de combustible propiedad del Othón Muñoz Bravo.

Dijo que estas acusaciones responden a la necesidad de los funcionarios municipales de deslindarse del escándalo generado por los vínculos de “El Cachetes” con “personalidades de la política poblana” que ostentaron el poder.

“Me parece una basura de declaración que cuatro años después que terminó su gestión Eduardo Rivera ahora resulta que se están dando cuenta de una irregularidad, es verdaderamente de risa y sobre todo, insisto, es una declaración de quienes tienen el agua hasta el cuello y que están tratando de respirar bocanadas de aire a costa de perjudicar a otras personas”.

Advirtió que más allá de querer dañar la imagen de Rivera Pérez involucrando su nombre en las irregularidades bajo las que operaban las gasolineras de este empresario -hoy detenido por diversos delitos- los funcionarios municipales están tratando de evadir sus responsabilidades en esta situación.

Montiel recordó que autoridades municipales acusaron que los permisos de operación de tres de las cuatro gasolineras propiedad de Muñoz Bravo fueron otorgados en el último año de gestión de Rivera Pérez, permitiendo que en estas se comercializara combustible presuntamente robado.

El legislador expuso que todo forma parte de la misma campaña en contra de Eduardo Rivera Pérez, a quien se le busca quitar del camino. Precisó que hay cosas extrañas en el procedimiento,  y señaló que documentó una serie de irregularidades el 7 de abril en la sesión del Congreso, mismas que cometidas por la autoridades fiscalizadoras.

Una de ellas, dijo, fue la audiencia a la que la Auditoría Superior del Estado citó a Eduardo Rivera Pérez, a la que acudió, inició y concluyó el 20 de enero de 2014 como lo certificó el propio auditor.

En término de la ley de responsabilidades, expresó, la auditoría tenía 30 días hábiles para emitir la resolución final, lo que no sucedió. Por lo que la sesión debió realizarse a más tardar el pasado 6 de marzo.

Comentó que el auditor, sin facultades, abrió una sesión ya concluida, presuntamente para desahogar pruebas que no fueron ofrecidas por el expresidente municipal de Puebla, lo que se traduce en violación flagrante a la ley.

Comentó que se le están fincando responsabilidades a Eduardo Rivera Pérez por la mala calidad de la obra  de la avenida 11 Norte – Sur, cuando la obra fue realizada por el gobierno del estado y señaló que, a pesar de que Eduardo Rivera ingresó dinero a la tesorería por el cobro a comercio, ahora se le pide una copia de cada recibo expedido.