Pamela San Martín Ríos y Valles, miembro del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a los diputados de Puebla que el presupuesto aprobado para el 2018 no tenga fines electoreros, además de un blindaje para que los recursos destinados para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre, tengan un blindaje y no sean utilizados por los aspirantes como dádivas.

Durante un diálogo con el poder legislativo en el salón de plenos, al concluir la sesión ordinaria, la consejera indicó que está pendiente verificar qué programas sociales seguirán el próximo año y cuáles se suspenderán con motivo del proceso electoral, asimismo, sobre si se implementarán reglas para evitar su desvío.

Por lo tanto, dijo que lo que no es legítimo es el uso de los recursos públicos para fortalecer las aspiraciones de funcionarios públicos o de quienes ocupan un puesto de elección popular, como lo es el caso de los diputados.

Recordó que tras el sismo del 19 de septiembre, habrá acciones de reconstrucción, pero se tiene que garantizar que éstas no se conviertan en una dádiva o en una forma de condicionar voluntades.

San Martín Ríos y Valles lamentó que los programas sociales sean el mecanismo que más se emplea para comprar voluntades, lo que resulta “increíble” porque se está lucrando con las mayores necesidades. Recordó que el Consejo General buscaba establecer reglas para frenar este tipo de acciones, algunas de publicidad y de transparencia.

“Quiero pensar que en Puebla no ocurre lo de otros estados, donde los legisladores pueden ejercer programas sociales, porque hay entidades donde el grupos parlamentarios hablan de sus programas sociales y se convierten en el ejecutivo”.

Por lo tanto, Pamela San Martín señaló que deben establecerse reglas de publicidad, transparencia y claridad sobre quiénes serán los destinatarios de los programas sociales y en qué calendario serán entregados para que puedan ser operados sin fines electoreros.

Sostuvo que desde el Congreso se pueden establecer reglas para evitar el uso electorero de los programas, lo que es una responsabilidad de los diputados y comentó que si bien algunos legisladores poblanos tienen aspiraciones para el 2018, deben tener claro que su responsabilidad es aprobar un presupuesto de egresos que tenga claridad, que se atiendan las necesidades y que no haya vínculos electorales.

Aplaude pacto de civilidad

Pamela San Martín reconoció el Pacto de Civilidad Electoral que firmaron los diputados locales la semana pasada, al señalar que se va por buen camino, pues si bien el legislativo no será el lugar donde se desarrolle la mayor actividad, es en el poder legislativo donde están representadas todas las fuerzas políticas que tienen intereses legítimos en el proceso electoral.

Frenaron regulación

La consejera del INE lamentó que el Tribunal Electoral no haya aceptado para el 2018 los lineamientos que estaban vigentes desde los procesos referentes a la promoción de los funcionarios públicos.

Indicó que el IEE deberá resignarse a que no habrá ley reglamentaria para el artículo 134 constitucional y diseñar los lineamientos para sancionar la propaganda gubernamental durante los comicios, señaló la consejera electoral en una charla que tuvo en el foro “El proceso electoral 2017-2018: Desafíos y soluciones”, celebrado en Cuernavaca.

Recordó que el párrafo octavo del 134 constitucional, que establece la prohibición del uso de los recursos públicos para promover a personas, candidatos o partidos políticos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que no tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, carece de una ley reglamentaria.

Recordó que en 2007 se estableció un mandato para que se emitiera dicho ordenamiento: “pasan y pasan los años y seguimos frenando relojes legislativos; llega la reforma del 2014, y otra vez se ponen un mandato de que ahora sí nos van a emitir la norma del 134, y otra vez nos dieron las 10 y las 11, y las 12 y la una y las dos y las tres, y seguimos sin la ley reglamentaria”, expresó.

A la vez, Pamela San Martín afirmó que “nos tenemos que resignar a que no vamos a tener ley reglamentaria. Entonces, ante la resignación, debemos plantearnos cómo vamos a mirar el 134”.

Dijo que una de las más grandes exigencias que se hace a las autoridades electorales, tiene que ver no con su capacidad organizativa, sino con la de arbitraje, de frenar excesos, de garantizar reglas parejas y claras para todos los contendientes.

“Ese es uno de los grandes retos y por eso digo que creo que ya nos tenemos que resignar a que no va a haber ley reglamentaria; ya tenemos que aplicar el 134. ¿Cómo vamos a garantizar que no haya injerencia de los poderes públicos, de todos los niveles y de todos los colores, en los procesos electorales?”.