Las reformas a la Ley del Transporte que pretenden avalarse este martes en el pleno del Congreso “rebasan cualquier mejora en la seguridad de los ciudadanos y transgreden derechos fundamentales de los mismos”, aseguró en un comunicado la empresa Uber y adelantó que de aprobarse las modificaciones, se retirarían de Puebla.
De aprobarse (…) la operación de aplicaciones como Uber se volvería prácticamente imposible, ya que desvirtúa los principios de la economía colaborativa, invade el derecho a la privacidad de las personas, discrimina a la población menos favorecida y, en consecuencia, Uber se vería obligado a suspender sus operaciones en el estado”, señaló la empresa a través de un comunicado.
La firma asegura que se encuentra a favor de aplicar reformas o medidas que fortalezcan la seguridad “que representen un reforzamiento a la protección de los usuarios”, sin embargo, sostuvo que el retiro del cobro en efectivo, la obligación de licencias mercantiles y la presentación de la Carta de Antecedentes no Penales, que son parte de las reformas; no son la solución.
Previamente, la firma de taxis ejecutivos había denunciado que la iniciativa del Ejecutivo era violatoria de los derechos humanos, principalmente en lo referente a la privacidad tanto de los usuarios como de los conductores.
Al final, la cláusula que obligaba a las plataformas a confirmar y monitorear cada segundo la ubicación de los usuarios fue retirada y se acordó, que sólo con una orden emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) se podrá conocer los puntos de orden destino e intermedios de quienes soliciten un viaje a través de esta plataforma.
Sin empleo, más de 9 mil
Actualmente la plataforma Uber suma a 9 mil socios (dueños) que trabajan prestando el servicio de transporte ejecutivo, a esta cifra habrá que sumarle a quienes rentan o prestan sus automóviles para que más choferes cuenten con un empleo.
Critican deslinde gubernamental
La organización civil Central Ciudadano y Consumidor calificó de regresiva la propuesta de reforma porque, dijo, limita la operación de estas plataformas.
A través de una carta firmada por Carlos Martínez, director general de la organización civil, se critica que el Estado se deslinde de su obligación de garantizar la seguridad de los poblanos: “El decreto de reforma a la Ley de Transporte pretende sustentarse en la obligación estatal de proveer seguridad ciudadana a los habitantes. Sin embargo, lo hace a través del traslado de obligaciones a particulares, en lugar de atender las causas de raíz que generan una cadena de impunidad que mantiene el descontento de la población”.
