El presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, podría enfrentar un proceso judicial debido a una expropiación –presuntamente– irregular, dejando sin paso a una familia vecina de un terreno.

Hace unos meses, el Ayuntamiento sanandreseño expropió una parte del predio de la familia Tlatehui Juárez, por lo cual sus representantes legales iniciaron un proceso de amparo.

De esta manera, los litigantes acusaron a las autoridades de invadir un terreno con una longitud de 3.5 metros de ancho por 120 metros de profundidad, en el cual se está construyendo la nueva sede del DIF Municipal, en el barrio Santa María Cuaco.

Fue en noviembre pasado cuando con maquinaria pesada la administración local tiró una barda que delimitaba el terreno de dicha familia de un predio abandonado, mismo que se encuentra junto.

Por lo tanto, se volvió a delimitar el predio, obstruyendo la salida de la vivienda de la familia Tlatehui Juárez, quienes tuvieron que ingresar a su propiedad por medio de una escalera.

Fue así que presentó la denuncia de invasión de una parte de su propiedad por parte del Ayuntamiento, la que ratificó.

Incluso, con pancartas adultos y niños insistieron que la administración de Leoncio Paisano Arias abusó de su autoridad.

El deslinde

Aunque el edil panista ha señalado que la obra se desarrolla sobre una extensión total de 4 mil 658 metros cuadrados, que la Comuna tiene en posesión legal, los afectados acusaron que su patrimonio fue ocupado de manera indebida.

Y es que aseveraron que no debió utilizarse hasta que se resolviera la denuncia interpuesta el 13 de noviembre por daño en propiedad ajena, ante el agente del Ministerio Público, Gerardo de San Pedro Solano.

La denuncia quedó radicada en la Carpeta de Investigación 18457/2017/ZC por el despojo en la 3 Sur, entre 15 y 17 Poniente del municipio cholulteca.

No pedimos nada, sólo que respeten nuestro patrimonio”, “Nos privaron de nuestra libertad y dejaron a nuestros niños sin educación 8 días”, “Justicia para la familia Tlatehui Juárez” y “Ustedes son servidores públicos, respeten nuestro terreno”, eran los señalamientos en pancartas.

Versión legal

Por el delito en que presuntamente incurrieron, el secretario de Seguridad Pública, José Mario Méndez Balbuena, y el alcalde, Leoncio Paisano Arias, podrían enfrentar procesos legales, aseguraron los representes de la familia.

Los abogados de la familia, Álvaro Ramírez Rivera y Julio César de la Rosa, señalaron que la parte del predio que les invadieron las autoridades tiene una longitud de 3.5 metros de ancho por 120 metros de profundidad.

Fue el 10 de noviembre pasado, cuando el personal de maquinaria pesada, apoyado por elementos de la Policía Municipal, tiró una barda que delimitaba el terreno de dicha familia de un predio que se encuentra junto, el cual estaba abandonado.

Por lo tanto, el personal enviado por el Ayuntamiento delimitó el predio, abarcando la salida y entrada a la propiedad de dicha familia.

Los litigantes señalaron que se presentaron tres juicios de amparo ante la justicia federal; el primero de ellos, que es el que busca detener la obra, será resuelto el próximo 9 de enero de 2018, estimaron.

Aseguraron que se le concederá el amparo federal a la familia, pues existen pruebas de que se les derribó su barda y de que se les expropió una parte de su terreno para poder iniciar una obra del DIF, de manera irregular.

Tenemos pruebas que son plenas, que dan la veracidad, en un amparo anterior en donde se dejó privada de su libertad a la familia, en donde había un chica lesionada que no podían salir”, señaló Álvaro Ramírez.

Incluso, el secretario de Seguridad Pública Municipal aceptó los actos reclamados y posteriormente los negó. Dijeron que el alcalde también ha negado que se haya invadido o expropiado.

Manifestaron que al haber pruebas de que sí hubo una invasión y expropiación, ambos funcionarios estarían violando la Ley de Amparo.