En medio de torturas, la Fiscalía General del Estado (FGE) fue la dependencia que más violó derechos humanos en 2017, luego de que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla aumentó el número de recomendaciones emitidas en su primer año fuera del morenovallismo.
En el año que terminó, la Comisión de Derechos Humanos giró 13, cuatro de ellas contra la FGE, a cargo de Víctor Carrancá Bourget, todas por tortura, contra detenidos en medio de irregularidades.
Cabe recordar que en 2016, la CDH emitió la menor cantidad de recomendaciones en su historia, al enviar solo nueve en aquel año, aumentando en 2017 a 13. Se constató en una revisión que de los documentos expedidos el pasado año, siete fueron contra distintos ayuntamientos y seis hacia dependencias del gobierno del estado.
Los municipios que recibieron recomendación a lo largo de 2017 fueron, Tlachichuca, San Pedro Cholula, Cuetzalan, Coyomeapan, Pahuatlán, Atlixco y Quecholac. Mientras tanto, la FGE recibió cuatro, una más de la Secretaría de Salud de Puebla y otra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEP).
Desde 2011, cuando inició el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, bajó de manera drástica el número de recomendaciones hasta 85 por ciento. De las cuatro emitidas a la FGE en el año que feneció, solo ha cumplido una, mientras que dos siguen en trámite y una ha sido parcialmente cumplida.
FGE, transgresora
La primera recomendación recibida por la Fiscalía General del Estado quedó bajo el expediente 4938/2015, derivada de una queja presentada desde marzo de 2014.
Tras investigaciones de la CDH, se comprobó que el quejoso fue detenido por elementos de la Policía Ministerial por portación de arma de fuego, pero se le golpeó e incomunicó en un hotel, supuestamente “arraigado”, donde lo obligaron a firmar una confesión.
La segunda recomendación a la Fiscalía, radicada en el número 4/2017, también por un caso similar en 2014, registró que policías ministeriales no solo detuvieron de manera ilegal a un sujeto, sino la torturaron.
“Le ponían una bolsa en la cabeza hasta que se acababa el oxígeno y le provocaban el desmayo, también lo acostaban boca arriba y le ponían un trapo en la cara y le aplicaban agua en la cara hasta que su estómago se llenaba de agua y no podía respirar, por lo que le llegaba el desmayo”, se explicó.
“Lo desnudaron y le ataron los pies a una cuerda plástica, le sujetaron los pies a una especie de carrucha o malacate amarrado en lo alto del centro del patio y fue sumergido durante varios segundos o minutos a un tambo con agua en repetidas ocasiones hasta que se desmayaba”, se detalló.
“Para hacerlo reaccionar le aventaban agua fría, además, refiere que le daban toques con un aparato a la altura de los riñones; también le daban golpes en el abdomen, nalgas, piernas, cabeza, brazos; maltrato que ocasionó moretones en casi todo el cuerpo y como resultado de las inmersiones los oídos y la nariz le sangraban y también le ocasionaron escoriaciones en brazos y tobillos”, señaló parte de la recomendación.
La tercera fue generada de una queja emitida en septiembre de 2012, cuando elementos ministeriales de la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto, detuvieron en Xalapa, Veracruz, a una persona en medio de irregularidades, entre ellas, tortura.
La última recomendación fue derivada de la queja 7540/2015, presentada hace dos años.
En la misma, nuevamente policías ministeriales fueron acusados de tortura contra un detenido en las mismas instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia de la 31 Oriente.
“Fue torturado, mediante toques eléctricos en espalda, testículos, pene, le enredaron la cabeza, brazos y piernas con vendas, le estiraron los brazos con las vendas, obligándolo así a declarar lo que ellos querían”, indica parte del expediente.
La cortina de humo
Para que no se note la diferencia del número bajo en recomendaciones, desde que inició la gestión de Adolfo López Badillo, se dio la orden de enumerar en su página oficial las conciliaciones.
Fuentes de la CDH han señalado de manera constante que existen quejas de ciudadanos a quienes simplemente no se les toma en cuenta su denuncia, ya que se les convence que no procederá.
Pero las conciliaciones también han bajado en cifras. En 2017, se emitieron 21, luego que en 2016 se registraron 19, y en 2015 hubo 30 y en 2014, 36. Por ley, las indagatorias de presuntas violaciones graves a derechos humanos, como la pérdida de la vida o golpes y lesiones, no pueden conciliarse.
Las autoridades pueden evitar la recomendación resarciendo el daño, es decir, pagando hospitalización, en dado caso o cese de elementos policiacos. Ahora las solicitudes no se emiten o anuncian mediante boletines de prensa, como se acostumbraba desde que fue creado el organismo, solamente son publicadas a la página oficial, sin ningún detalle de las mismas.
El recuento
Desde febrero de 2011, se han emitido 206 recomendaciones, 47 de ellas contra autoridades del gobierno del estado, de las cuales 32 las giró la administración de Adolfo López Badillo.
Las peticiones, desde su llegada fueron bajando paulatinamente, en 2016 con su cantidad más baja, de apenas nueve registros. Entre 2014 y 2015, bajaron de 34 a 26, además que desde 2013 no se ha emitido una sola contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
De las 206, 167 fueron en la gestión del actual presidente de la CDH-Puebla, y las 35 restantes se dieron en tan solo seis meses, cuando Marcia Maritza Bullen Navarro presidía el organismo, 12 contra autoridades estatales.
Los datos
Apenas 0.1 por ciento o una de cada 705 solicitudes de intervención a la CDH llega a convertirse en una recomendación a autoridades. Así se comprobó en el reporte del primer semestre de 2017 del organismo de las garantías individuales de Puebla, presidido por Adolfo López Badillo.
De acuerdo con el reporte semestral, de enero a junio de 2017, la CDH recibió 3 mil 525 solicitudes de intervención por presuntas violaciones a los derechos humanos. De ellas, apenas 20 por ciento o 722 fueron calificadas de manera legal como quejas; 2 mil 368 fueron orientaciones jurídicas y 197 diligencias oficiosas.
Asimismo, 63 terminaron en antecedentes; 37 incompetencias; 82 remisiones; 7 colaboraciones y 49 solicitudes en trámite. De las 722 quejas, 69.11 por ciento de las personas agraviadas fueron hombres, mientras que 23.82 por ciento se trató de mujeres; en 7.07 por ciento de los casos se registró concurrencia de ambos sexos como personas agraviadas.
Además, 55.54 por ciento de las quejas correspondieron al ámbito estatal, mientras que el 42.38 por ciento fueron del municipal y 2.08 por ciento se registró concurrencia de ambos ámbitos como autoridades presuntamente responsables.
| GESTIÓN | Recomendaciones contra dependencias estatales | Recomendaciones totales |
| Marcia Maritza Bullen | 12 | 35 (febrero-julio 2011) |
| Adolfo López Badillo | 1 | 26 (agosto-diciembre 2011) |
Recomendaciones a la baja
2017: 13
2016: 9
2015: 26
2014: 34
2013: 36
2012: 24
2011: 61
Recomendaciones Secretarías estatales
2011: 13
2012: 5
2013: 7
2014: 4
2015: 5
2016: 5
2017: 6
