Las organizaciones “Todos para Todos” y “Ruta 5”, exigieron a autoridades estatales y federales reabrir el caso Chalchihuapan, donde en 2014, tras un desalojo de manifestantes, murió un niño de 13 años de edad.

En rueda de prensa, su representante Violeta Lagunes, solicitó a los tres poderes del Estado la creación de una Comisión Especial que investigue, sancione, destituya e inhabilite a funcionarios involucrados en la detención de presos políticos y en crímenes de estado.

Acompañada de otras organizaciones civiles, señaló que el caso de San Bernardino Chalchihuapan, donde murió el menor José Luis Tehuatle, no está en el olvido.

También recordó la muerte de Delfino Flores, de 90 años, en el Penal de San Miguel, quien se opuso al proyecto del gasoducto y el asesinato de Meztli Sarabia Reina, hija de Simitrio, líder moral de la 28 de Octubre.

Y es que criticó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya cerrado el caso del menor, al pronunciarse que las autoridades estatales cumplieron con cada uno de los ordenamientos en la recomendación que emitió contra el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Sin embargo, aseguró que son varios los líderes e integrantes de organizaciones no gubernamentales que por alzar la voz en contra del gobierno, se encuentran en prisión, al fabricarles delitos. Por lo tanto, pidió la renuncia del fiscal general del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, y del juez penal de Cholula, Alejandro León Flores.

Recordó que aún mantienen preso desde hace más de tres años a Israel Pacheco Velázquez, exlíder del sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla. De este modo, refirió que la solicitud de la creación de una comisión especial para la investigación de estos y otros hechos, es necesaria en Puebla.

“Para que se conozca la verdad y no exista más impunidad en el estado, por ello, harán llegar la petición a los integrantes del Congreso del Estado”, dijo.

Hace unas semanas, por medio de un comunicado, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas y Niños y Adolescentes Trabajadores (Molacnats), criticó la actuación de la CNDH en el caso Chalchihuapan, por no llevar a la justicia la muerte del menor.

“No perdonamos y no olvidamos, hacerlo permitiría que la impunidad, la corrupción y el autoritarismo se impongan sobre la justicia, la libertad y la dignidad”, sentenció el organismo internacional.

“La vida de nuestro compañero no es negociable y rechazamos cualquier acción que coloque a José Luis y su memoria como una moneda de cambio”.

El movimiento internacional aseveró que, hasta el momento, no se ha cumplido a cabalidad con la recomendación emitida y, a pesar de ello, esta instancia cerró el expediente en diciembre de 2016 en complicidad con el gobierno de Puebla.

“No hay una sola persona sentenciada por lo ocurrido a José Luis, los principales responsables, Rafael Moreno Valle, concluyó su periodo como gobernador del estado sin recibir ningún tipo de castigo e incluso se postula como candidato a la presidencia de México”, recordó.

“Quienes integramos este esfuerzo a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia, en coordinación con líderes de opinión y expertos internacionales, buscamos compartir nuestra profunda preocupación por las afectaciones que están enfrentando niñas, niños y sus familias ante la violencia y violación de derechos en el estado de Puebla y en el resto del país”, concluyó.

Por su parte, el activista Ricardo Jiménez Ávila señaló que Martha Érika y su marido, Rafael Moreno Valle, cargarán con el asesinato de José Luis. Por lo tanto, no solo ella tiene que pagar, sino también el PRI que fue cómplice en todo este proceso represivo que se vivió en Puebla.

“El caso Chalchihuapan fue la más escalofriante forma de estrenar la Ley Bala en Puebla, se revictimizó a la madre de José Luis, Elia Tamayo, provocando que tuviera que aceptar la indemnización bajo amenaza o de lo contrario seguirían pagando las consecuencias, para maquillar el gobierno de Moreno Valle que quería ser candidato a la presidencia de México”, aseveró.