La diputada local electa de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Mónica Lara, reconoció que recibió un mensaje para sostener una reunión con el grupo morenovallista, pero aclaró que si quieren un encuentro o discutir será en la tribuna del Congreso del Estado, ya que su familia fue víctima de la persecución por parte del anterior gobierno y su esposo forma parte de la lista de más de 300 presos políticos de Rafael Moreno Valle.

En entrevista, resaltó que a nivel estado fue la candidata a legisladora que obtuvo el mayor número de votos el 1 de julio participando por el distrito 17, por lo que dijo, este es uno de los motivos para no negociar a espaldas de ciudadanos que votaron por un cambio.

Luego de las aseveraciones de Franco Rodríguez, coordinador de Enlace Institucional del equipo de transición de Martha Erika Alonso, quien dijo que estaban buscando reuniones con gente de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), reconoció recibió un mensaje al respecto, pero reiteró que que por principios no puede sentarse con quienes forman parte del grupo que ha perseguido a los poblanos que piensan diferente.

Recordó que su esposo salió absuelto de los delitos que le imputaban, luego de haber estado varios meses en prisión, lo que en el fondo, dijo, fue una venganza política del exgobernador. Por lo tanto, precisó que una de sus convicciones es hacer justicia por todos los presos políticos que se opusieron a sus designios.

Mónica Lara advirtió que si los morenovallistas quieren hablar con ella, deberá ser en la tribuna del Congreso y no a espaldas de los ciudadanos, ya que se tendrán que aclarar muchos contratos que se hicieron de manera ilegal.

 El cambio en Puebla

La diputada electa expresó que su trabajo en el Congreso estará encaminado a que Puebla sea un lugar más seguro, que las alumnas de los distintos niveles de educación puedan caminar por las calles seguras, que la gente que paga por el suministro de agua potable en verdad cuente con el servicio, además que se devuelva su identidad a las juntas auxiliares.

Mónica Lara señaló que uno de los principales problemas de Puebla es que se hicieron leyes pero no los reglamentos para sancionar.

La legisladora, que se desempeñó en el DIF Municipal de la capital y el Instituto Poblano de las Mujeres, dijo que uno de sus compromisos de campaña fue establecer un reglamento de la Ley de los Adultos Mayores en el estado de Puebla, pues una vez que este sector de la población va a tener una pensión digna, hay que protegerlos incluso de sus propias familias, que no haya abusos ni maltratos.

Las metas

La legisladora electa precisó que se trabajará en equipo con la bancada de “Juntos Haremos Historia”, y uno de los primeros puntos será el echar abajo la concesión del servicio de agua potable en Puebla, ya que es algo que se pide a gritos, pues no hay ventajas para los poblanos, expresó.

Mónica Lara también expuso que hay que echar abajo la reforma de 2013 que atacó la identidad de las juntas auxiliares, los usos y costumbres, pero sobre todo que generó la inseguridad en las mismas.

Expresó que por ley tienen que volver a instalarse las agencias subalternas del ministerio público para que la gente que es víctima de un delito pueda denunciar en su comunidad sin tener que viajar varias horas a la cabecera distrital para realizar el trámite que en ocasiones no es aceptado por las autoridades.

Recordó además que había la figura del juez de paz que era un vecino de la población electo democráticamente, mismo que contaba con la autoridad moral para poder mediar en un conflicto.

Dijo que si una mujer era víctima de una agresión por parte de su pareja, se arrestaba al agresor unas horas, lo cual servía para evitar nuevos ataques, ahora las mujeres tienen que ir a la cabecera distrital en caso de ser agredidas, con lo que se favorece que siga la violencia.

“Hay que darles la autonomía a las juntas que recuperen el registro civil que se les quitó indebidamente bajo el pretexto de malos manejos cuando nunca pudieron comprobar que los presidentes auxiliares y jueces de paz emitieran actas de nacimiento falsificadas”.