El Congreso del Estado no desistirá de la abrogación de la Ley para proteger los Derechos Humanos y que Regula el uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado; sin embargo, debido a las observaciones que emitió el Poder Ejecutivo, solo se agregará un artículo transitorio en el que se especifique la inclusión del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que se refiere a la aplicación de la Ley de Seguridad Pública.

Durante el Foro Consultivo Estatal hacia la Nueva Ley Reglamentaria que Regula el Uso de la Fuerza Pública, los expertos en materia de seguridad, derechos humanos, ciudadanos, alumnos de derecho, académicos y diputados locales coincidieron en que el ordenamiento debe eliminarse y solo regirse conforme lo marca la Ley de Seguridad Pública Estatal.

En este foro, en donde además participó el excomandante Bernabé Gallegos Mexinca, quien en julio de 2014 participó en el operativo de San Bernardino Chalchihuapan, en el que resultó asesinado el menor José Luis Tehuatlie Tamayo, se dijo que no es necesario un nuevo ordenamiento, sino regirse con la Ley de Seguridad, que además establece más capacitación a los elementos policiales, para saber cómo actuar en el caso de manifestaciones.

Sin duda, la denominada “Ley Bala” atentó en contra de los derechos humanos de los ciudadanos, pero también de los elementos policiales, dijo el ex delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Adolfo Karam Beltrán, panelista en este foro y experto en temas de seguridad.

El exfuncionario federal afirmó que no es lo mismo dispersar a una manifestación de ciudadanos quienes piden servicios como agua potable o registro civil a manifestantes que exigen liberar a delincuentes, como muchas veces ha ocurrido en el estado; pero en todos los casos se debe privilegiar el diálogo, antes de atentar en contra de un ser humano, situación que le peda costar la vida.

Después de tres horas de discusión y análisis de este ordenamiento legal, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, afirmó que el Congreso del Estado no bajará el dedo del renglón, pues el 30 de noviembre, fecha límite para responder a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, se establecerá eliminar la Ley para proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado.

Requieren elementos policiales más capacitación: Karam

Para el experto en temas de seguridad, Adolfo Karam Beltrán, “resulta innecesaria la existencia de una ley que autoriza a los cuerpos de seguridad pública estatal, reprimir de cualquier forma, las manifestaciones de las personas, sean legitimas o no”.

Con lo anterior, apoyó que los elementos policiales sean capacitados, que al momento de manifestaciones prevalezca el diálogo y se aplique lo que se establece en la Ley de Seguridad Pública Estatal.

“El tolete, el gas lacrimógeno, las teister -elemento para descargas eléctricas-. La ley los considera no letales, pero yo difiero completamente porque a una persona dale diez garrotazos en la cabeza a ver si no se muere, con la fuerza de un hombre péguenle a alguien con esta arma, claro que lo van a matar”, refirió.

El exfuncionario federal señaló que el tema es la falta de capacidad para dirigir un  cuerpo de seguridad pública, pues debe existir el “filin político” para calmar las protestas, pero no se debe permitir el uso de armas, ya que esto atenta en contra de los ciudadanos.

Karam Beltrán le apostó a una mejor capacitación de los cuerpos de seguridad, para saber cómo actuar en el caso de manifestaciones, pues un uso incorrecto puede provocar desgracias, como la ocurrida en julio de 2014, en Chalchihuapan.

Facundo Rosas no tuvo capacidad para actuar en caso Chalchihuapan

El ex subinspector Bernabé Gallegos Mexinca, quien en julio de 2014 actúo junto con 37 elementos de seguridad para dispersar a los manifestantes de San Bernardino Chalchihuapan, aseguró que Facundo Rosas Rosas, tuvo falta de capacidad para actuar en el tema, ya que él fue quien ordenó seguir con el atentado en contra de los pobladores, pese a que ya había varios heridos.

La orden emitida por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), cercano al exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, provocó el despido de elementos de seguridad, para “justificar su error”, violando derechos laborales y humanos de los elementos policiales.

Además, lamentó que el estado jamás se preocupa por capacitar a los elementos policiales, quiénes ante la entrada en vigor de ese ordenamiento, ese mismo año, tenían que aplicar protocolos.

“Hubo momentos en donde yo tuve que pagar mi capacitación porque yo quería superarme, no les importó que tuve  momentos en donde deje a mi familia, donde no llegue a los cumpleaños, cuando mis hijos estuvieron en el hospital, donde a mi esposa alguien la tuvo que llevar al hospital porque yo no estuve a tiempo. Al final me sienta mi esposa y me dice: le diste al estado y la ciudadanía y ahora qué te dieron, te dieron una patada. Es complicado, es complicado que tu gente se quede mirando y te dice qué es lo que tiene que hacer”, explicó.

Diputados locales coincidieron en que el gobernador no tuvo elementos para mandar observaciones e intentar vetar el ordenamiento; sin embargo, se agregará que se aplique lo que marca el 117 constitucional y no se desistirá de la eliminación de este ordenamiento.