De más de 500 observaciones, el expresidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias solo acreditó menos del 1 por ciento, luego del dictamen de entrega-recepción, donde se le vincula con un daño patrimonial de 100 millones de pesos.
Una sola caja con más de dos mil fojas, fue entregado por el exalcalde al actual ayuntamiento sanandreseño presidido por Karina Pérez Popoca.
En las mismas solo se pudieron justificar alrededor de 15 de las más de 500 observaciones en su contra, por lo que ahora será la Auditoria Superior del estado, la que analice la situación patrimonial como dejó al ayuntamiento en el último año de su gestión.
La documentación fue entregada en el último día que tenía como plazo para tratar de solventar, informó el contralor del ayuntamiento sanandreseño, Victor Manuel Carral Cortés.
Sólo se abocó a explicar algunas obras, pero dejando otras graves como la construcción del edificio del DIF y la alberca semiolimpica del polideportivo Mayaquen.
“Realmente no solventó nada, la mayor parte de las copias eran de obra pública del ejercicio 2017, todavía alcanzamos a observar algunas cuestiones ahí, pero realmente no hubo una modificación interesante al dictamen de entrega recepción”, sentenció el Contralor.
Indicó que ahora ya está en las facultades de la ASF, si lo llaman para un procedimiento de responsabilidad administrativa.
“Se mantuvieron las observaciones más importantes, como la obra del DIF, lo de la alberca, solo se quedó, al menos con nosotros no solventó nada”, aseveró.
Explicó que solo se citó al expresidente y si lo desease él podría asesorarse con algún exfuncionario o quien decidiera.
“Deben ser como dos mil páginas en su solventación, se cambiaron muy pocas observaciones, deben ser al menos 15 de 500”, explicó el funcionario.
Señaló que había muchas irregularidades que no se podían cuantificar en recursos, por ejemplo en algunos departamentos que obligaban a entrar cuenta por cuenta, dijo.
El dictamen
Por más de cien millones de pesos podría ascender el daño patrimonial a las arcas del ayuntamiento de San Andrés Cholula, en la administración de Leoncio Paisano Arias.
Hace unas semanas el cabildo sanandreseño aprobó el dictamen de la entrega-recepción que fue presentado al cuerpo de regidores en cabildo por parte del nuevo ayuntamiento presidido por Karina Pérez Popoca.
Las situaciones más graves tienen que ver con obra pública, algunas inconclusas como el edificio del DIF municipal, por el cual se pagaron 15 millones de pesos y no se terminó.
Además, el DIF municipal no ingreso un solo peso de consultas en los cuatro años y ocho meses de gestión de Paisano Arias, una estimación de 12 millones de pesos.
Tampoco se encontró un solo peso por cobro de consultas, atención rehabilitación o cualquier otro servicio, no existe ni en tesorería, ni en ninguna otra área, de dónde ingresó ese dinero.
Asimismo, existen empresas a las que ya se les ha pagado el equipamiento del inmueble, y ahora no aparecen.
De esta forma, hay más de 300 bienes materiales “desaparecieron”, entre ellos equipo del DIF y de seguridad pública.
Un ejemplo de ello, son los radios Matra de la Secretaría de Seguridad Pública que no aparecen, y que preocupan por el uso que se les esté dando.
En cuestión de obras, en el centro deportivo Mayaquen, se ha tenido que regresar recursos federales, porque no cumplen con especificaciones, ni hay bitácora de obra en las remodelaciones.
Hay procedimientos por más de 50 millones de pesos por la adjudicación de obras, porque no hallan pólizas, ni la publicación de la obra, así como la prestación de servicios.
Además, hubo un gasto de más de 13 millones 396 mil pesos, en productos farmacéuticos repartidos en 10 meses del 2018, mientras que han gastado más de 50 pesos apenas en tres meses.
En cuanto al gasto de combustible, en el año se pagaban mensualmente más de 3 millones de pesos en promedio mensual.
En el área de Catastro, operaban con un programa que dejaron instalado en las computadoras en el que trabajaban desde las 11 hasta las 3 de la mañana, para hacer movimientos, los que están detectados.
Al menos cinco personas fueron separados de sus cargos, luego de que se detectaron más de tres mil movimientos de manera remota y 200 en las últimas semanas.
Los cambios que se hacían eran principalmente en los pagos, los cuales eran rebajados.