En el pleno del Poder Legislativo quedaron aprobadas las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución Política para efectuar la extinción de dominio en bienes obtenidos por hechos ligados a actos de corrupción, delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y robo de hidrocarburos. 

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Intolerancia Diario, se específica que se trata de una homologación con un mandato federal,  por lo que "la extinción de dominio se refiere a privar de forma definitiva de bienes, ya sean muebles inmuebles o derechos reales que se hayan visto relacionados de cualquier manera a delitos cometidos por la delincuencia organizada y así mermar o debilitar su potencial económico", se cita en el dictamen.

En la sesión ordinaria, celebrada el miércoles, diputados locales aprobaron el dictamen que será procedente a los delincuentes. Se trata de una homologación con el ordenamiento federal, documento el que además señala que  no se considerará confiscación de bienes de una persona cuando sea para el pago de multas o impuestos.

"La acción de extinción de dominio se ejercitará por el ministerio público a través de un procedimiento de naturaleza civil y autónomo del penal, la extinción de dominio será procedente en bienes de carácter patrimonial, cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionadas con las investigaciones de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita delitos contra la salud, secuestro, extensión, trata de personas y delitos del robo de hidrocarburos", se cita. 

El documento, aprobado en el pleno del Congreso del Estado, fue analizado previamente en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y, posteriormente, se pasó al pleno para su aprobación, modificación que se hizo para una homologación con la Carta magna federal.

Ley extinción de dominio

El dictámen se trata de una homologación a nivel federal y que se refiere a la propiedad privada ilegítimamente, adquirida como un derecho fundamental de las personas pero a su vez es un castigo para la delincuencia organizada, cuyos delincuentes han optado por hacerse de bienes a costa de la comisión de ilícitos.

Esto permite al estado apropiarse de los bienes de origen ilícito con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada, con ello se merma su estructura financiera y ganancias así como la recuperación de activos generados para a su vez o en su caso hacer una reparación de los daños.

Sin mayor discusión, en el pleno del Congreso de Puebla quedó aprobada esta reforma Constitucional, y es que en el estado se cometen delitos de la delincuencia organizada toda vez que la entidad está marcada por la extracción ilegal de hidrocarburos. 

En primer término fue el senado de la República el que realizó las modificaciones constitucionales el artículo 22, las que a su vez fueron enviadas a la Cámara de Diputados, con lo que se amplió el catálogo de delitos. 

En este sentido los delitos que se cuentan son el de extorsión, corrupción, encubrimiento, cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas y  delitos en materia de hidrocarburos.

Se trata de un plan integral que se puso en marcha durante el primer periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta, con el objetivo de avalar las acciones de la denominada cuarta transformación que emprende el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, también hubo modificaciones al artículo 73 para dar facultad a la Cámara de Diputados para la expedición de una ley en materia de extinción de dominio y por ende todas las entidades tienen que hacer una homologación ya que se trata de una reforma constitucional.