A pesar de que restan aún más de tres años para la designación del nuevo fiscal General del Estado, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) reiteró impulsará una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea un pago de favores y no por su preparación y experiencia profesional, e indicó que se reconocerá la carrera en el poder judicial.
El coordinador del grupo legislativo, Carlos Alberto Morales Álvarez, dijo que en la Junta de Gobierno y Coordinación Política ya puso sobre la mesa esta propuesta para homologar el ordenamiento local con el federal donde en el caso de ministros y magistrados se pide que cuenten con una carrera en el poder judicial a fin de desempeñar un mejor papel.
Carlos Alberto Morales comentó solamente así se brindará la certeza a los abogados que el proceso de designación de los integrantes del TSJ llegarán al cargo por su experiencia y no solo por su relación con el mandatario estatal.
El legislador rechazó que esta iniciativa de reforma esté dirigida para algún personaje en particular y reiteró que su origen está sustentado en la necesidad de contar con expertos en la impartición de justicia que garanticen un trabajo eficiente.
Durante la administración de Rafael Moreno Valle se nombraron a Roberto Flores Toledano, Roberto Grajales Espina, Israel Mancilla Amaro como magistrados del TSJ por la estrecha relación que guardaron con el mandatario estatal en turno.
El fiscal carnal
Fue la madrugada del 5 de enero cuando Víctor Carrancá Bourget protestó ante la Comisión Permanente del poder legislativo como primer fiscal del estado, cargo que ocuparía durante siete años, sin embargo solicitó licencia el año pasado ante las.
Al adelantarse para las cero horas de la fecha mencionada, los integrantes de la Comisión Permanente presidida por el priista Sergio Céspedes Peregrina, tomaron protesta al entonces procurador general del estado, Víctor Carrancá, para que fuera fiscal durante siete años.
Fue el 15 diciembre de 2015 cuando se declaró constitucional la reforma pues en menos de cinco días se logró que 133 cabildos aprobaron las reformas a la fracción II del artículo 37, el primer y segundo párrafos del 95, el 96, el 97, el 98, el primer párrafo y sus fracciones I y III y el último párrafo del 99, el 100 y el 101; y se adiciona el segundo párrafo al artículo 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para la creación de la Fiscalía General del Estado, el poder legislativo concretó la unción del funcionario.
Sin una sola voz crítica por parte de los integrantes de la comisión permanente en el punto ocho del orden del día se procedió a tomar protesta al funcionario cuyo papel ha sido cuestionado por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Con la reforma se permitía al procurador general de justicia Víctor Carrancá Bourguet seguir siete años en el cargo bajo la figura de fiscal general, es decir hasta el 2023.
Al defender la decisión al interior del Congreso, se dijo que esta iniciativa, fue impulsada por todos los diputados de las diversas fuerzas políticas del Congreso, busca darle autonomía constitucional a este organismo, a la vez que obedece a un proceso de armonización de las leyes estatales con el Nuevo Sistema de Justicia Federal.
En la argumentación previa a la aprobación de la creación de la fiscalía los legisladores señalaron que el espíritu de dicha reforma constitucional contemplaba que la entonces PGJ fuera un órgano desvinculado del Poder Ejecutivo local, con autonomía y recursos propios, lo que le permitirá mejorar su tarea de brindar seguridad y justicia en favor de los ciudadanos.
Se argumentó que se permitirá contar con procesos y operadores capaces de investigar y argumentar en un juicio, acorde a las nuevas exigencias probatorias, lo que redundaría en la aplicación de seguridad y justicia para los habitantes.
Los legisladores afirmaron que se terminaba la subordinación y dependencia a exigencias y control temporal de mandatarios en turno, derivado de su esquema transexenal, y abonará en una estructura más funcional e independiente, al contar con total autonomía, además de que estimulará la implementación cabal del Sistema Procesal Penal Acusatorio, entre otras ventajas.