Despedidos en el sexenio del morenovallismo, buscarán se finque responsabilidades contra funcionarios que violaron leyes laborales; asimismo, insistirán en temas de finiquitos y reinstalaciones.

Aún quedan pendientes en el Tribunal de Arbitraje, más de 1500 casos de exburócratas que alegan 'despido injustificado', durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Con la llegada próxima del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, los despedidos ven una esperanza de que se haga finalmente justicia en cada uno de los casos.

Intolerancia Diario documentó gracias a más de 30 solicitudes de información y dos juicios de amparo que entre 2011 y 2013, la administración de Rafael Moreno Valle, en las 62 dependencias —incluidas las descentralizadas—, despidieron a 12 mil 79 personas.

De ese total, en seis años de litigios, alrededor de tres personas han sido reinstaladas y 50 recibieron finiquitos, en medio de una andanada de argucias legales en su contra.

En entrevista, Marco Antonio Manzano, representante de despedidos, detalló que hay más de mil millones de pesos pendientes de pago para más los despedidos, que están peleando en tribunales sus finiquitos y reinstalaciones.

Al mismo tiempo, celebraron la próxima llegada a la Secretaría del Trabajo y Competitividad de Abelardo Cuéllar Delgado, quien representaba a más de 200 despedidos.

Señaló que el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, hizo un compromiso de revisar los casos, para que haya verdadera justicia, luego del 'terrorismo' laboral que han sufrido en estos años.

Al respecto, el próximo secretario de trabajo y competitividad, Abelardo Cuéllar, manifestó en entrevista radiofónica que el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, destinará una partida especial para pagar indemnizaciones o reinstalar a los quejosos.

La lucha

Marco Antonio Manzano, señaló que hubo acercamiento con Luis Miguel Barbosa, durante su campaña, a quien solicitaron que haya soluciones a la problemática de los despedidos.

“No solamente hablamos, hicimos bastante trabajo político, pronunciándonos y apoyando; eso va a dar puntos a favor de esa anhelada justicia laboral”, sentenció el representante.

Comentó que el gobernador electo señaló, se realizaría un análisis de todos los expedientes para ver cómo iban avanzando.

“Nuestra petición fue que se tomara la decisión de fondo (…) Se resuelve de forma mediante el juicio laboral, pero no de fondo. Hay responsabilidad desde el primer mandatario, como en los secretarios, directores de recursos humanos, como jurídicos, porque hubo violación a la Constitución”, señaló.

Por tanto, indicó que, de acuerdo a la  Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, tiene que haber sanciones como inhabilitaciones.

“Que se inhabilite a quienes tienen responsabilidades, a quienes están aún en funciones o que hayan dejado su cargo de esa forma; que sea resuelta la situación de los trabajadores”, comentó.

Asimismo, indicó que solicitaron al gobernador electo, que haya una reconciliación en aquellos casos donde haya laudos favorables y su reinstalación correspondiente.

Explicó que hay en el Tribunal más de 290 sindicalizados despedidos y pendientes 1200 juicios de personal de confianza y honorarios.

De estos despedidos, aproximadamente hay hasta 60 laudos favorables del 2013, con la dilación de juicios.

“Para cada etapa procesal, había que promover un amparo; cada uno se lleva entre 6 y 8 meses. Por eso ya van 50 o 60 que se tienen que instalar o finiquitar”, detalló.

“Han reinstalado a tres o cuatro nada más; los han reinstalado, pero todavía está pendiente su pago”, comentó.

Despedidos

A la llegada de Rafael Moreno Valle a la gubernatura, el 1 de febrero de 2011, inició una ola de despedidos en cada dependencia estatal, que concluyó hasta el último día de su gobierno.

La excusa del recorte del personal, en la mayoría de los casos, era un adelgazamiento de la nómina; sin embargo, no fue así, ya que este reportero documentó que los puestos se cubrieron en su mayoría sin desaparecerlos.

Mediante solicitudes de información se documentaron 8 mil 441 personas dadas de baja de 40 dependencias centrales, incluyendo las secretarías de Estado desaparecidas o unificadas, así como las direcciones, comisiones u organismos públicos.

Además, otras 3 mil 638 personas dejaron de trabajar en 31 organismos descentralizados, que incluyen consejos, instituciones y universidades tecnológicas.

De estas, mil 558 personas fueron despedidas de las 14 dependencias descentralizadas que se negaron a entregar la información durante dos años, y sólo la otorgaron mediante una orden de un juez federal, tras dos amparos interpuestos.