El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Carlos Alberto Morales, dio a conocer que a tres años de que entró en vigor el Sistema Penal Acusatorio, se creó un fenómeno negativo, pues bajó el número de delitos; sin embargo, aumentó la impunidad ya que cerraron 16 agencias del ministerio público.

En entrevista, el legislador recordó que el pasado 16 de junio de 2016 entró en vigor el Sistema Penal Acusatorio, el cual presenta aspectos positivos, pero al momento de llevar a cabo su aplicación, ha generado un incremento de impunidad.

Morales indicó que éste año se aprecia cómo mayor incidencia delictiva en Puebla, desde que inició esta modalidad legal.

"La realidad es que se ha permitido la impunidad, ya que se redujo el número de denuncias pero no de los delitos, de acuerdo a los propios ciudadanos", resaltó.

Por otro lado, el legislador comentó que en el distrito de Huejotzingo, se atendía a una población de 250 mil habitantes, pero cuando se cerró el Ministerio Público y se estableció un centro regional en el municipio de Cuautlancingo, concretamente en el C5, provocó que las 30 personas que atendían a una población reducida, ahora deben atender a poco más de un millón de habitantes, situación que rebasa a la autoridad contra la delincuencia.

Carlos Alberto Morales explicó que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial y el servicio en los 22 distritos judiciales y se redujo a seis regiones: "si antes había problemas para acceder a una adecuada procuración de justicia los ciudadanos con 16 menos se complicó mucho más esta situación".

Además, reiteró que el Sistema Penal Acusatorio es un sistema innovador; sin embargo, afirmó que aún no se ha aplicado de la forma adecuada y es algo que debe atenderse.

Finalmente, recordó que una de sus primeras propuestas como legislador fue enfocada en ese tema, a fin de elevar el número de jueces que atiendan a los poblanos.

Un sistema garantista

Desde la anterior legislatura se advirtió que el Sistema de Justicia Penal es garantista, pero puede haber modificaciones y un área de oportunidad es que cuando se trate de reincidencias se establezcan agravantes y no se conmute la pena como ocurre actualmente.

Legisladores como Jorge Aguilar Chedraui señalaron: “Cuando una persona comete un ilícito no grave sale resarciendo el daño, pero esto debería ser solo en el primer delito, no para reincidentes y no debía ser tan garantista el sistema, y a partir de ahí partir en la lógica de que la gente que cometa un delito de manera reiterada, y que es detenida, y actualmente ni siquiera pisa la cárcel porque repara el daño”, comentó.

Comentó que a partir de la aprobación del sistema, las instituciones debieron prepararse para lo que venía y en Puebla sí ocurrió, pero en la práctica se han identificado áreas de oportunidad que es importante capitalizar.

Recordó que las legislaturas locales estaban atadas de manos para hacer reformas en materia de seguridad, esto ante el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y llamó a respaldar al entonces gobernador Antonio Gali en su demanda para que haya una a nivel federal.

Insistió que en gran medida tienen atadas las manos para hacer reformas a nivel local pues existe una armonización con un sistema de justicia penal que es de corte nacional y el margen de maniobra que se tiene es muy pequeño, mencionó.

Limitar el uso de escoltas

En tanto, al hablar de la propuesta del gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, para retirar los escoltas a los exgobernadores, Carlos Alberto Morales Álvarez  dijo que es viable pero debe analizarse los casos excepcionales que ameriten contar con “una mínima seguridad”.

El presidente de la comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Puebla se pronunció a favor de eliminar los privilegios de algunos exfuncionarios estatales que son pagados con recursos públicos y consideró que es “un exceso” que sus esposas e hijos tengan asignados policías para seguridad.

Subrayó que los únicos que deben permanecer con escoltas son el gobernador así como los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE) y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Consideró que deberá analizarse algunos casos excepcionales porque en algunos exgobernadores sí requieren de seguridad por el combate del crimen organizado durante su gestión pero esta escolta deberá ser con el mínimo de elementos.

“Hay que recordar que algunos exgobernadores han sufrido atentados, incluso algunos de ellos en estos atentados han perdido la vida. Hay que analizar si es viable o no dejar seguridad a un ex gobernador y tendría que ser algo mínimo”.

Morales Álvarez expresó que una vez que llegue la iniciativa planteada por el gobernador electo deberá iniciar el análisis de fondo de la propuesta para poder sacarla adelante en el menor tiempo posible y que regresen a sus funciones de vigilancia los policías adscritos a la seguridad de los exmandatarios.