Previo a vencerse el plazo para presentar el recurso de inconstitucionalidad por la reforma a la Ley Estatal de Educación aprobada por el Congreso del Estado, el pasado 15 de mayo, quince de los 41 diputados locales presentaron el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echarla abajo.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de los promoventes del recurso, la calificó como “retrograda” asegurando que esta le otorga más facultades de intervención al estado en un tema como la educación y afecta a las instituciones privadas.
La Ley presentada por el partido en el poder, dijo, es una ocurrencia que va en contra de los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues nadie puede ser privado de la libertad, propiedades y posesiones. “La propuesta es producto de una imaginación perversa y juguetona del partido Morena”.
Aseguró que nadie puede ser molestado en su persona sin fundamento o motivo, y los funcionarios públicos deben apegarse a lo que la Ley diga.
La dirigencia estatal respaldó la defensa que realizó la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local por la Ley de Educación, la cual es retrógrada y violatoria del marco legal y constitucional.
“La Ley de Educación como muchas otras inadecuadas habrán de encontrar resoluciones en los tribunales".
Los legisladores argumentaron que este nuevo ordenamiento atenta contra la libertad de cátedra, vulnera la autonomía de las instituciones educativas, así como afecta el patrimonio de las escuelas privadas.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Morales Álvarez, explicó que adhesión a esta acción de inconstitucionalidad tiene como objetivo que la SCJN emita un posicionamiento sobre los artículos votados en contra.
Refirió que durante la discusión del dictamen presentaron las correcciones necesarias para eliminar las ambigüedades en la redacción, que causaron protestas de la sociedad civil y académicos, pero no fueron tomadas en cuenta.
“Esos artículos que votamos en contra queremos que la corte emita su criterio para que no quede mayor duda de cuál es el sentido de esos artículos que tiene que ver con la libertad de cátedra, que se respete la libertad de cátedra y se respete la autonomía de las instituciones”.
Subrayó que serán los ministros quienes determinará la validez de la nueva Ley de Educación de Puebla y si cumplió con la homologación con el ordenamiento federal o en su caso mandatarán algunos cambios corrigiendo la plana al Congreso del Estado.
En tanto la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas reiteró que la nueva normativa posee una gran carga ideológica, hecho que vulnera el carácter inclusivo de la educación, pero que en especial ejerce control y censura sobre las instituciones privadas.
“Lamentablemente, la Ley de Educación vulnera el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente por las instituciones particulares, Contraviene el principio de libertad académica, transgrede el principio de legalidad y abre el paso a la incertidumbre jurídica, además de que permite la expropiación de bienes privados en perjuicio de las universidades privadas”, dijo.
Lo peor de todo, agregó, es que politiza y partidiza al sector educativo para utilizarse como sistema de adoctrinamiento de favor de la denominada Cuarta Transformación.
Huerta Villegas indicó que ofrecer una educación de calidad sólo será posible en un entorno normativo abierto y en un marco de libertades que permitan a las instituciones de educación centrar su labor en el trabajo académico y la mejora permanente, no en la gestión burocrática y el cumplimiento de normas excesivas e ideologizadas.
Diputados que firmaron acción de inconstitucionalidad
- Carlos Alberto Morales Álvarez (MC)
- Guadalupe Esquitín Lastiri (MC)
- Uruviel González Vieyra (CPP)
- Raúl Espinosa Martínez (PAN)
- Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN)
- Oswaldo Jiménez López (PAN)
- Nancy Jiménez Morales (PAN)
- Nibardo Hernández Sánchez (PRI)
- Josefina García Hernández (PRI)
- Javier Casique Zárate (PRI)
- Rocío García Olmedo (PRI)
- Jonathan Collantes Cabañas (Sin Partido)
- Marcelo García Almaguer (Sin Partido)
- Héctor Alonso Granados (Sin Partido)
- José Juan Espinosa Torres (PT)
