Diputados del bloque “Grupo de los Cinco” plantean incluir a los medios de comunicación como posibles generadores de violencia política de género en Puebla, es decir que difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, quienes cometan estas acciones deben ser sancionados conforme lo determine la autoridad electoral.
A través de reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla; y al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP), diputados buscan armonizar el concepto de violencia política en razón de género partiendo de la Ley General para el Acceso a un Mundo Libre de Violencia, y de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.
El artículo 21 bis, recién reformado a propuesta del gobernador, Miguel Barbosa, pretende ser nuevamente modificado y ampliado, así en un tercer párrafo se propone que la violencia política en razón de género puede ser perpetrada indistintamente por medios de comunicación y sus integrantes.
“Puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares”, se cita.
Se especifica que la violencia política de género puede expresarse al “divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género”, se cita en el artículo 21 Ter fracción X.
La propuesta es impulsada por los diputados Liliana Luna Aguirre y José Armando García Avendaño, del PRD; Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos Alberto Morales Álvarez, del Movimiento Ciudadano (MC); así como de Uruviel González Vieyra, representante de Compromiso por Puebla, la que ya se estudia en comisiones.
Restricción a mujeres embarazadas en la función pública, otro tipo de violencia política
Los diputados locales proponen reconocer como un tipo de violencia política en razón de género cuando se intente la restricción de las mujeres en la política o en la función pública de una mujer por el hecho de estar embarazada o en licencia de maternidad.
“Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad”, se señala en el artículo 21 Ter en su fracción XV.
Reformas al COPIPEP
Los partidos políticos deben garantizar la participación de las mujeres en los procesos electorales y con ello deben protegerlas por hechos de discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil.
“Asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de las ciudadanas y los ciudadanos, y de los partidos políticos, de las que se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”, se cita.
Los diputados proponen una serie de modificaciones a los ordenamientos y aunque especifican que quienes cometan violencia política en razón de género deben recibir sanciones, hasta el momento quienes han cometido este tipo de acciones solo han tomado cursos en materia de equidad y se han disculpado públicamente, pero no hay sanciones de tipo penal.