Con la anulación de contratos “leoninos” con las empresas encargadas de la operación, recaudo y publicidad en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), el gobierno de Miguel Barbosa también emprenderá demandas penales en contra de ex funcionarios morenovallistas quienes consumaron “el fraude” en la construcción y operación de este sistema, pues el modelo de negocio benefició a privados y a los entonces servidores públicos, lo que costaría al Estado 234 mil millones de pesos en un plazo de 28 años, un daño con “dolo” e “incosteable” para el Estado.

En conferencia de prensa, el gobernador, Miguel Barbosa, confirmó que serán denunciados “los personeros”, es decir, particulares que se prestaron a este fraude, pero también Fernando Manzanilla, Roberto Moya Clemente, José Cabalan y Gerardo Huerta Coutollenc, responsables de las firmas de contratos desde el periodo del difunto ex gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.

“El asunto es contra los privados y servidores públicos, por eso solo pedí que en el caso de Ruta 1, pedí quien firmó el convenio de apoyo financiero (…) mandaban a firmar a servidores públicos de bajo perfil, mediante esos convenios que se usan de delegación, vamos con los machuchones, no voy a ir contra los segundones, vamos a ir contra los de arriba”, sentenció el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

Las acciones fraudulentas

En su intervención, el director del OPD “Carreteras de Cuotas”, Rodolfo Chávez Escudero detalló que en 2011 se firmó un contrato en donde se entregó a diferentes empresas la operación de RUTA, proyecto que con el paso del tiempo mejoró en su “fraude”, incluyendo las líneas 1, 2 y 3, entre las firmas responsables de la operación están Conduent Solutions encargada del cobro y venta de tarjetas, así como 5M2 encargada de publicidad en los paraderos, la que ha sido opaca y que no ha hecho inversiones prometidas, entre ellas, el Internet para los usuarios.

Las irregularidades están en sobrecostos; por ejemplo, el equipo de transporte establece inversión de 222 millones de pesos, cifra que presenta un sobre costo respecto a las facturas de unidades presentadas, en el tema de recaudo esta duplicado, pues el contrato lo presentaron dos veces la primera vez por 118.4 millones de pesos y una segunda por 119 millones de pesos, esto a cargo de la firma Conduent Solutions, la que informó que su inversión fue de más de seis millones de dólares.

Además, se identificó un sobre costo de 2.5 millones de dólares, por ejemplo, en el rubro de servidores cuyo costo en el mercado es de 680 dólares máximo e informaron un precio de 19 mil dólares, inflaron su valor 29 veces.

En el rubro de la publicidad se informó una inversión de 47.4 millones de pesos, realizado a través de la empresa 5M2 que incluye mamparas, pero que fueron utilizadas para su beneficio económico, destacando que esa empresa cuenta con las concesiones de publicidad en la línea 1 y 2, en este informe se afirma una inversión privada menor a 34 por ciento que establece el Fonadin en su convenio de apoyo financiero, no cumplieron con la inversión privada comprometida con Banobras.

El funcionario informó que, en 2013 inició la operación la Línea 1 y al siguiente año ya se informaba del fracaso por las omisiones del concesionario, despido de choferes, errores en el sistema de prepago y una deuda de 211 millones de pesos.

Además, las empresas responsables de la operación se quedaban con el 38 por ciento de las ganancias, además desde la creación de estos proyectos anunciados con bombo y platillo por el morenovallismo tuvieron cifras infladas, como los ejemplos antes mencionados.

El costo real por usuarios del servicio de RUTA es de 19.50 pesos, pero actualmente se pagan 7.50, es decir, el estado subsidia 12 pesos.

Escenarios catastróficos para las finanzas públicas

Rodolfo Chávez Escudero explicó que, en un primer escenario, el gobierno estatal tendría que pagar de 17 mil millones de pesos; en un segundo escenario se pagarían 28 mil millones de pesos; en un tercer escenario se pagarían 80 mil 300 millones de pesos y, en un cuarto escenario -que sería lo más grave se pagarían- 234 mil millones de pesos, afectando severamente las finanzas del estado, por lo que consideró que son cifras “inoperables”.

“De continuar con las variables, en el mejor de los escenarios sin realizar ajustes tendríamos que destinar 17 mil millones de pesos; en un segundo escenario ajustando  únicamente la inflación al 3.5 por ciento se destinarían casi 28 mil millones de pesos; en un tercer escenario ajustando el factor de ponderación en un 10 por ciento se destinarían más de 80 mil 300 millones de pesos; en un cuarto escenario es grave, considerando un incremento anual de kilometraje en un 5.6 por ciento, como está el tema que nos heredaron, el pago podría ser de 234 mil millones de pesos, si no se hacen ajustes eso se tendrían que pagar”, dijo el funcionario.

El funcionario agregó que el Sistema RUTA constituye un modelo de negocio incosteable, creado con dolo, con una sobreestimación y sobreprecios tanto en obra como en operación y concesiones, por ello refirió la importancia de realizar ajustes.

Van las demandas penales

En su oportunidad, el abogado del caso, Fernando Pérez Cantillo, detalló que las demandas penales incluirán no solo a los funcionarios morenovallistas quienes actuaron “con gran dolo”, en este denominado “fraude” de RUTA, pues se incluirán demandas penales en contra de todos los involucrados de este modelo de negocios del que se beneficiaron los más cercanos al ex gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, como lo fue su sucesor que en su momento inauguró la Línea 3.

Detalló que se procederá “tanto por la obra, las concesiones y de la propia operación, éstas se llevarán a cabo en los siguientes días, como ya se llevó a cabo con la recisión de la concesión de Conduent Solutions el día de ayer y van a derivar en la intervención en las concesiones, revocación de las mismas, acciones  administrativas, civiles e incluso penales por los pagos indebidos que estas generan al erario público al crear un formato de negocio topado en algunas cifras y otorgar otro mucho menor en afectación del erario público, esas estimaciones que no se cumplen a lo contratado generan pagos indebidos que es una situación penal  que se puede realizar a los servidores públicos que lo hicieron así como los que celebraron la obra y quienes están involucrados en el tema”, dijo.

En sus conclusiones, detalló que RUTA constituye un modelo de negocio incosteable, creado desde su inicio con dolo y con una sobre estimación para generar un gran negocio para algunas personas en contra del erario del estado, con sobreprecios, tanto en obra como en operación.

Las irregularidades llevarían a la quiebra al estado

En su oportunidad, secretaria de planeación y finanzas, Teresa Castro Corro, refirió que no frenar esta situación, el estado estaría en quiebra, pues actualmente se realizan pagos mensuales que cada año aumentarían dependiendo de varios factores.

“Esta situación genera una presión en las finanzas públicas, ya que al ser una obligación por parte del estado, tenemos mes a mes que estar pagando este importe, la formula contiene variables que todas están a favor de la concesionaria: precio del diésel, salario mínimo, tipo de cambio, inflación, lo que más afecta es el factor de ponderación, lo que significa que cada variable le ponen un factor y el que más pese de estas variables si el tipo de cambio se va al doble o al triple o el tipo de cambio, de estas variables, lo que pese más crece exponencialmente”, explicó.

Cambiará Gobierno del Estado a empresa para que asuma servicios de operación de RUTA

El gobernador, Miguel Barbosa, refirió que serán otras empresas las que asuman los servicios y operación de RUTA, las que deberán regirse con transparencia, pero sobretodo que no causen daño a las finanzas del estado.

Señaló que los procedimientos penales se destaparán poco a poco y los poblanos “tienen que saber quiénes son los socios de estas empresas concesionarias, pero son personeros de los verdaderos dueños, acreditaremos que entre los verdaderos dueños hay gente de los gobiernos panistas, así de sencillo y ya lo sabemos, como pensaban que no nos íbamos a dar cuenta”, dijo.

Finalmente, el gobernador dijo que por estas acciones fraudulentas, como lo fueron otras obras de relumbrón en el estado creadas con una gran deuda para el Estado.