Ante la desaparición del FONDEN a nivel nacional, el diputado local Rodolfo Huerta Espinosa presentó la iniciativa para que a partir del presupuesto 2021 se contemplen recursos para el Fondo de Desastres Naturales del Estado de Puebla, a fin de estar prevenidos ante una contingencia.
El legislador durante la sesión del pleno, recordó que el gobierno federal determinó desaparecer el Fondo Nacional de Desastres Naturales a partir del próximo año.
Recordó que el 19 de septiembre de 2017, Puebla requirió de 5,254 millones de pesos para la reconstrucción de templos, escuelas, y viviendas, pues se dañaron
28 mil 371 casas, mil 614 escuelas 475 templos para estos últimos, el INAH estimó 2 mil millones de pesos para la reconstrucción sin embargo advirtió que hay lugares en los que no llegó el recurso, como el de San Cristóbal Tepontla y Huaquechula, pese a ser una reliquia del siglo XVI.
Expuso que las disminuciones presupuestales también influyen en la protección civil, y en 2020 se aprobaron 28 millones 153 mil pesos en la Ley de Egresos, sin embargo en 2021 que está próxima de discutirse contempla una disminución a 27 millones y medio.
Advirtió que ante una emergencia similar se estaría en el desamparo, y como ejemplo puso el de la reconstrucción del Centro Escolar de Izúcar de Matamoros, Presidente Lázaro Cárdenas que costó 90 millones de pesos.
Huerta Espinosa comentó que en ese contexto es de suma importancia que se le dé mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres, que incluya medidas de protección financiera, y aseguramiento ante desastres para poder hacer frente a las tendencias destructivas.
Precisó que el estado en sus diferentes regiones es susceptible a huracanes, terremotos, erupciones volcánicas y comentó “como dicen las abuelas, Dios Guarde la hora”.
De la iniciativa reiteró que en la búsqueda de un marco integral de riesgo de desastres incluido el uso efectivo de mecanismos de financiamiento, y aseguramiento para manejar los riesgos fiscales,
Explicó que por ley debe existir un fideicomiso que corresponde al titular del poder ejecutivo, pero la creación del fondo anual revolvente que se aplique en los mismos mecanismos que exige la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y municipios.
Indicó que en lugar de que sea el 10 por ciento, la propuesta es que sea del 20 por ciento de la aportación realizada de la infraestructura de entidad federativa dañada que en promedio se registre en los últimos cinco años, actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor.