La presidenta de la Comisión Inspectora en el Congreso de Puebla, Olga Lucía Romero Garci Crespo, señaló que en los últimos tres años la revisión de cuentas públicas y sanciones aplicadas a funcionarios fueron sin tintes políticos  con estricto apego a derecho, terminando con las prácticas del pasado.

Destacó que el trabajo realizado por la comisión que sesionó en 32 ocasiones, se condujo bajo estrictos criterios técnicos y no políticos así como lo ha realizado la Auditoría Superior del Estado (ASE), fiscalizando el uso de los recursos públicos.

Sostuvo  que pese a las complicaciones generadas por la pandemia de Covid-19, todos los sujetos obligados de revisión pudieron ejercer su derecho de audiencia para solventar las observaciones realizadas a sus cuentas públicas y evitar algún tipo de sanción.

“A todas las denuncias se les tiene que dar seguimiento, obviamente, y sí hay muchas irregularidades y observaciones en muchas de las auditorías que se han llevado a cabo por lo mismo; por todos estos ciudadanos que han estado metiendo sus denuncias y que no se pueden dejar en el olvido, como antes se hacía, y se tienen que tomar en cuenta y ver qué es lo que está pasando”.

La diputada por Tehuacán sostuvo que la Comisión Inspectora dejó de ser utilizada como “garrote político” y adelantó que al cierre del tercer periodo de sesiones dictaminaron las cuentas públicas de 49 exalcaldes y extitulares de organismos públicos descentralizados.

Iniciativa pendiente

Olga Lucía Romero Garci Crespo recordó que presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, para reducir de un año a ocho meses la entrega de los dictámenes de los sujetos obligados, a fin de terminar con el rezago que existe, documento que se encuentra en estudio.

Dijo que, de acuerdo con la publicación del Periódico Oficial del Estado de Puebla, los resultados en materia de Fiscalización Superior en el Estado de Puebla, son muy pobres o casi nulos.

La legisladora señaló que ya se ha trabajado en consecuencia, a lo largo de los últimos meses en las sesiones de la Comisión General Inspectora por lo que es claro que el haber duplicado y, en algunos casos, triplicado los términos y plazos para que la Auditoría Superior del Estado entregara a el Congreso del Estado el resultado de las diversas actuaciones y procesos que realiza en la ejecución de la fiscalización superior a los sujetos obligados, ha provocado, entre otros factores, que no solo no se cumpliera con lo dispuesto en la citada legislación, sino que se tuvo una auténtica parálisis en los trabajos de fiscalización a las dependencias estatales, ayuntamientos y demás sujetos obligados, que ejercen y aplican recursos del erario.