La Comisión Inspectora aprobó el inició de determinación de responsabilidades en contra de 36 sujetos de revisión, entre quienes se encuentran expresidentes municipales como José Juan Espinosa Huerta, Valentín Medel Hernández, José Isaías Velázquez y Pablo Morales Ugalde, entre otros.
Durante la sesión la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen con minuta de decreto que contiene los 296 Informes Individuales del Ejercicio 2018, remitidos por la Auditoría Superior del Estado, por medio de los oficios número ASE/0420-21; ASE/0105-21/AECF y ASE/0203-21/AECF, para los efectos de señalados en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
La diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta de este órgano colegiado, explicó que el Congreso del Estado, por conducto de esta Comisión, realiza un análisis de los informes individuales con la intención de aportar las sugerencias convenientes y las que haya hecho la Auditoría Superior del Estado para modificar legales que tengan por efecto mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.
“Esta Comisión deberá someter al Pleno del Congreso el dictamen del informe correspondiente dentro de los ocho meses siguientes, tomando en cuenta que este dictamen cuyo análisis se somete a consideración fue recibido el 29 de abril del 2021, es procedente hacer esta sesión para que puedan turnarse al Pleno en la sesión próxima”.
Sostuvo que el aval a este dictamen no implica la aprobación o no de las cuentas públicas que fueron analizadas, sino que se analiza el contenido de este.
Asimismo se dio la aprobación, de la incorporación al Orden del Día de la Sesión Ordinaria del Pleno, del miércoles 15 de diciembre del año en curso, los Dictámenes con Minuta de Decreto con relación al Inicio de Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades.
En la lista se encuentra Pablo Morales Ugalde, expresidente municipal de Palmar de Bravo, quien se encuentra privado de su libertad, acusado de cometer algunos delitos, entre ellos presuntamente el robo de hidrocarburos.
También la expresidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, por un presunto daño patrimonial superior a los 13 millones de pesos.
El monto total del presunto daño asciende a 62 millones 056 mil 173 pesos, pero aún pondrán presentar sus argumentaciones para evitar una sanción.
