Amanda Gómez Nava, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó ante el pleno del Congreso que abrió, durante el ejercicio 2021, mil 272 expedientes de investigación con relación a las denuncias recibidas por actos u omisiones que pudieran vincularse con faltas administrativas cometidas por servidores y ex servidores públicos durante los años 2016 a 2021.
Asimismo, informó que formalizó 24 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en contra de exservidores públicos por presuntas irregularidades y fortaleció los mecanismos para combatir y erradicar las malas prácticas.
En su comparecencia ante diputados de la Comisión Inspectora del Congreso, la secretaria Amanda Gómez Nava destacó las auditorías aplicadas a la ejecución de 69 mil 977 millones correspondiente a diversas dependencias y que representan el 93 por ciento del Gasto Programable de Puebla.
Expuso que, de los 316 procedimientos de responsabilidad administrativa radicados, 67 correspondieron a faltas graves, y en el año 2021 se emitieron 67 resoluciones de las cuales en 24 fueron impuestas destituciones e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones y en 21 suspensiones.
En este sentido, añadió que la dependencia a su cargo integró expedientes de presunta responsabilidad administrativa que fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla para su resolución por tratarse de faltas graves que involucran desvío de recursos, abuso de funciones, encubrimiento y peculado, vinculados con actos realizados por ex servidores públicos.
Reveló que, en el último año, la dependencia a su cargo, inició 316 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos por diversas anomalías.
Precisó que las denuncias penales presentadas fueron en contra de ex servidores públicos que formaron parte de las Secretarías de Salud, Cultura, Función Pública y Educación, derivadas de presuntos actos de corrupción.
Indicó que para verificar el correcto uso y aplicación del presupuesto se aplican diversas auditorías a las dependencias estatales y organismos descentralizados basadas en un enfoque preventivo y cumpliendo con la obligación de rendición de cuentas.
Mencionó que las secretarías de Medio Ambiente, Movilidad y Transporte, así como los organismos Carreteras de Cuotas y Museos Puebla, son los entes con el mayor número de observaciones en las auditorías practicadas en 2021.
En este sentido, precisó que las dependencias se encuentran en una “etapa de seguimiento” con un plazo para presentar las pruebas que desvirtúen o solventen las observaciones señaladas.
Gómez Nava enfatizó la realización de seis operativos de supervisión sobre el parque vehicular de diferentes dependencias, así como sus bienes muebles, el acervo cultural, la recaudación del cobro de la Línea 1 de la Red de Transporte Articulado (RUTA).
Gómez Nava comentó que otra de las prioridades de la administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta es garantizar la transparencia. Por ello, la Secretaría de la Función Pública verificó, supervisó y acompañó la aplicación de recursos y entrega de apoyos dirigidos a las y los poblanos que resultaron afectados por el huracán “Grace” y la explosión por una toma clandestina de gas LP en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.
La titular de la dependencia resaltó la no intromisión del actual gobierno en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. En este sentido, explicó que, durante la jornada electoral y a fin de certificar el adecuado uso de los recursos estatales y su no aplicación con fines políticos, la Secretaría verificó el correcto resguardo de 3 mil 163 vehículos y 307 inmuebles, y realizó 206 supervisiones oculares en inmuebles de 21 municipios.
