El gobernador de Puebla aseguró que el proceso en contra del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, por la comisión de presunta violencia familiar debe continuar.

Añadió que poco abordará este tema, pues serán las autoridades judiciales las que se pronuncien con respecto a este tema.

“Este juicio de amparo que intento gestionar el auditor que está suspendido temporalmente de sus funciones es que el criterio de haberle desechado el mismo, corre a cargo de una autoridad federal y entonces ya resolvió esa parte y por tanto se continúe el proceso sobre violencia familiar, así es el enlace de hechos”.

En ese sentido, el mandatario local, tuvo conocimiento del infarto que le ocurrió al auditor, por lo que le deseo la más pronta recuperación.

El gobernador de Puebla reiteró que las acusaciones en su contra y su separación del cargo como titular de la ASE, se trata de un asunto judicial.

Recientemente, la justicia federal le negó un amparo a Francisco Romero Serrano por el que buscaba impedir la medida cautelar que lo mantiene separado de la titularidad de la ASE, luego de la orden que emitió un juez y que el Congreso del Estado cumplió la semana pasada.

Ayer se dio a conocer el expediente 161/2022, luego de que el quejoso acudió a la justicia federal para reclamar la imposición de la medida cautelar consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad laboral, hizo reclamos por la decisión del juez y también por el cumplimiento a la orden de los diputados.

Sin embargo, la autoridad judicial refirió que los argumentos presentados por Romero Serrano no son válidos para otorgarle un amparo y de esta forma evitar la medida cautelar.

Primero debe agotar otros medios de defensa, toda vez que él tiene acusaciones por presunta violencia familiar, lo que derivó en una orden de aprehensión.

“Resulta evidente que el quejoso no señala en esta instancia constitucional una orden de aprehensión, y que ello es derivado de un error en el formato del escrito de demanda”, se cita en el expediente emitido por la justicia federal.

El documento que se emite por la autoridad judicial agrega que “la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que, si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna”.

Hasta este viernes se tuvo conocimiento de que el auditor fue hospitalizado y que se encontraba bajo observación médica en un hospital privado.