El diputado local y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, Jaime Natale Uranga, consideró que es viable aplicar una pena de 10 años de cárcel y una multa económica a quienes violen los niveles de volumen permitidos de música y ruido en Puebla, pero acentuó que hace falta una campaña de concientización.
En entrevista, sostuvo que desde el PVEM están a favor de sancionar a quienes rebasen los decibeles autorizados, porque está afectando al entorno y alterando la tranquilidad, así como la convivencia social.
Expuso que los afectados deberán presentar una denuncia formal ante la autoridad municipal para que intervenga y aplique las sanciones correspondientes, para inhibir estas prácticas antisociales en Puebla.
“Es necesario concientizar y que la gente sepa que se puede denunciar porque muchos dicen que ya es cierta hora para que apague la música y que dejen de hacer ruido, pero ya está regulado. Me parece que depende de lo reiterado que sea, el horario y el tipo de establecimientos se determinaría las sanciones correspondientes”, acentuó.
Natale Uranga estimó viable que se despliegue una campaña de concientización entre la población, para que conozcan los límites de volumen de música y ruido permitidos y en su caso las sanciones a las que se harán acreedores quienes infrinjan la ley.
El legislador recordó que la contaminación por ruido es un problema, grave sobre, todo en las zonas urbanas, ya sea por parte de la industria, vehículos, sector servicios, reiterando que hay que difundir la ley pero, sobre todo, el concientizar a la población.
Dijo que habrá que ver las consultas que realiza el sector salud a causa de problemas auditivos, pero además la salud mental, la presión, y el estrés que es favorecido por el exceso de ruido.
El exhorto a los ayuntamientos
En enero de este año, la diputada diputada Karla Rodríguez Palacios, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 217 ayuntamientos del estado a que, en caso de no tenerlo, incluyan en sus leyes la reglamentación para controlar los niveles máximos de ruido de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas, además de aplicar las sanciones correspondientes.
La propuesta ingresó a través de la Comisión Permanente y fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales.
Esfuerzos aislados
Desde hace diez años, el ayuntamiento de Puebla anunció que haría os reformas al Código Reglamentario Municipal (Coremun) con el fin de ampliar las sanciones y proceder a la incautación de bienes de todos aquellos negocios, repartidores de gas, comercios, tiendas departamentales, servicios religiosos, publicidad móvil, tamaleros, entre otros que contaminan auditivamente el ambiente.
Lo anterior, porque en todos los casos no respetan la Norma NOM-081 de la Semarnat, encargada de regular el nivel de volumen (decibeles) que utilizan para promocionarse este tipo de prestadores de servicio y que se ha comprobado que al rebasar la máxima de 65, ocasionan daños a las personas en sus sistemas nerviosos.
Y es que ninguno de estos prestadores de servicios respetan los 65 decibeles establecidos por la norma para hacer algún tipo de promoción o publicidad de sus negocios, incluso ahora las iglesias utilizan altavoces para oficiar misas que rebasan el volumen.
Las dos reformas estaban encaminadas a que en primera instancia se elevaran hasta en 500 días de salario mínimo (30 mil pesos de ese tiempo) y también la facultad de realizar la incautación de las fuentes de ruido que hasta el momento no se contempla dentro de la ley.
