Desde la Academia Poblana para la Investigación y Difusión de los Derechos Humanos A.C., exigieron que se aceleren las investigaciones del caso Chalchihuapan y llegar a las conclusiones pertinentes.

El presidente de la Academia, Julio Santos Lozano, dijo que resolver el caso, es una necesidad social apremiante, porque se tienen ubicados a tres de los responsables.

En el proceso en contra de los culpables, dijo el abogado, nadie debe quedar en la impunidad, por eso, resulta esencial el acceso a la justicia en el caso.

A decir, están ubicados, el exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas; el entonces Procurador General de Justicia del Estado, Víctor Carrancá, y el exencargado de la Oficina del Gobernador, Juan Pablo Piña.

Por su parte, Araceli Bautista Gutiérrez, también integrante de la Academia, aseguró que 8 años después de la represión, solo hay un avance del 10 por ciento en las investigaciones, a pesar de que han aportado cada vez, más pruebas.

El documento fue entregado al gobierno del Estado de Puebla y ahí solicitan, presentar los avances, porque después de la reapertura del caso, hace dos años, se mantienen las mismas condiciones.

Santos Lozano, dijo que es urgente investigar a los altos mandos que participaron directa o indirectamente en el desalojo de la carretera, “porque seguimos en las mismas condiciones en que dejaron el caso las anteriores administraciones”.

El integrante de la Academia Poblana para la Investigación y Difusión de los Derechos Humanos AC, ratificó su confianza en el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, en la resolución del caso, antes que termine su mandato.

Recordó además que, a la fecha, todavía no han sido satisfechas las 11 recomendaciones enviadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dentro de la queja 2VG/2014.

Julio Santos, dijo que, el acceso efectivo a la justicia es esencial, para lo cual se debe cumplir con el debido proceso y en este caso es satisfacer en todas y cada una de sus etapas la investigación de los hechos.

Todo eso, con su correspondiente resolución, de una forma pronta, gratuita y expedita, pero sobre todo efectiva y protegiendo los derechos de las víctimas de manera integral.

Además, se debe garantizar el derecho a la verdad, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos al afirmar, “el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia”.

“Bajo este contexto es que resulta indispensable la intervención, de nueva cuenta del poder ejecutivo del Estado a fin de dar cumplimiento cabal a la recomendación efectuada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

La finalidad, dijo, es que se determinen, en conclusión, la responsabilidad penal de los altos mandos involucrados en el “operativo Chalchihuapan” y sus respectivas sanciones de resultar responsables.

Además, cumplir con la reparación integral del daño, es decir, material, moral y simbólica, así como determinar la responsabilidad objetiva del Estado en los hechos desplegados y que terminaran con la vida del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, con esto sesgando su libre desarrollo personal, pero sobre todo su derecho de vivir.