Al realizarse el Parlamento LGBTTTIQ+, la comunidad demandó a los diputados que se mantengan las acciones en contra de la discriminación, y aunque reconocieron que hay avances, siguen los problemas en cuestión de acceso a la salud y el acoso en el transporte público.
Alberto Camacho, representante de LGBTTTIQ+, agradeció al gobierno de Miguel Barbosa Huerta, y su esposa Rosario, ya que aseguró que son un gobierno incluyendo, "donde nos sentimos acolchados".
Expuso, que durante este parlamento presentarán algunas iniciativas al Congreso Local "así que vamos a machetearle, hasta que la dignidad sea una costumbre".
Insistió en que siguen enfrentando problemas, y el acoso y discriminación se presenta en el transporte público y es necesario que se tomen las acciones correspondientes para que se respeten sus derechos humanos.
Durante el Parlamento LGBTTTIQ+ desarrollado en las instalaciones del Poder Legislativo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, enfatizó que están apostados en acabar con la brecha de desigualdad social.
Subrayó que sin importar las preferencias sexuales de las personas es urgente que se brinde la certeza y garantía sobre el respeto de la dignidad de las personas y el libre ejercicio de sus derechos humanos.
“Somos garantes de los derechos humanos, son derechos sin distinción de raza, sexo o color, religión, lengua u otra condición. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esa es la palabra clave y que tiene que ver con este ejercicio parlamentario. En esta legislatura estamos trabajando desde el primer día para regresar la dignidad a las personas”.
Céspedes Peregrina reiteró que en el Poder Legislativo seguirá creando leyes y reformando las existentes para garantizar un marco normativo en el que se reconozcan y respeten los derechos de la comunidad gay en Puebla.
El diputado Roberto Solís Valles expuso que debe existir apertura para escuchar a las minorías, destacó los avances en materia legislativa para atender las demandas de este grupo y, a la vez, garantizar sus derechos.
Destacó que la actual legislatura ha legislado en contra de la discriminación y una de las acciones ha sido el castigar con cárcel las llamadas terapias de conversión.
El Congreso aprobó prohibir las “Terapias de Conversión” para aplicar como pena mínima, se establezca un año de cárcel, mientras que, como máxima tres años, así como una multa a la personas moral o física que las comete con un monto de 42 mil pesos.
La reforma al Código Penal castiga castigar hasta con tres años de cárcel a quien promueva las llamadas "terapias de conversión" y tipificando como delitos los "Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género" (ECOSIG).
