A ocho meses de que fue aprobada por el Congreso del Estado la reforma conocida como “Ley Monzón” a fin de que los feminicidas pierdan la patria potestad, el diputado federal Mario Riestra Piña llevó la iniciativa a San Lázaro para que sea discutida y aprobada.

Luego de que los congresos de los estados de  Sonora, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Nuevo León, e incluso Colombia solicitaran el documento como modelo para aprobarlo, el legislador poblano presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados el documento.

La iniciativa contempla reformas al Código Civil Federal y el Código Penal Federal para retirar la patria potestad, custodia o tutela a los sentenciados por feminicidio.

En su propuesta, el legislador, por  Acción Nacional (PAN), indica que se adiciona el artículo 444 TER al Código Civil Federal y el cual establecerá que: “La patria potestad se pierde cuando la persona titular de la misma sea condenada por delito de feminicidio en contra de la madre del menor sujeto a patria potestad”.

En tanto que al Código Penal Federal se adiciona un cuarto párrafo al artículo 325 en que señala que: “Además, se privará de los derechos de patria potestad, tutela o custodia a quienes, en su caso, teniendo el ejercicio de éstos cometan el delito a que se refiere el presente artículo”.

Riestra Piña explicó que aun cuando la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados velarán porque los menores no sean separados de sus padres contra la voluntad de estos, en las situaciones en las que el padre fue capaz de privar de la vida a la madre de aquéllos, resulta plenamente justificado que, en la totalidad de los casos, el feminicida, pierda el derecho de la patria potestad.

Con esta medida, sostuvo, se garantiza el interés superior del menor, puesto que la familia ha sufrido una ruptura irreparable y los menores la pérdida de su madre, quedando en estado de indefensión e incertidumbre.

“Ante un hecho tan fuerte como el feminicidio el bienestar del menor queda en riesgo, así como la vulnerabilidad de sus derechos”, dijo el legislador.

“La situación de niños, niñas y adolescentes como consecuencia del feminicidio constituye un hecho traumático, que, además de dañar el núcleo familiar, quebranta el espacio de afecto y protección del menor”, sostuvo Riestra Piña.

En Puebla al aprobarse la Ley Monzón, que suspendió en automático la patria potestad a quien sea vinculado al delito de feminicidio, ya que porque anteriormente el responsable podía gozar de la custodia del menor, hasta que fuera sentenciado.