La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Nancy Jiménez Morales, propuso que se permita la denuncia anónima bajo ciertas reglas para señalar a funcionarios públicos que hayan incurrido en actos de corrupción, sobre todo en el desvío de los programas sociales.

Expuso que  a pesar de las finalidades y objetivos de las campañas y programas relacionados con el desarrollo social, lo cierto es que, en muchos de los casos, se han ocupado como "punta de lanza" para nuevas candidaturas, utilizando a las personas más desfavorecidas, para saciar un interés particular y no así un interés común, para el cual fueron creados.

Advirtió que las personas víctimas de estos abusos, en muchos de los casos, nunca llegan a denunciar, en particular, por el miedo de sufrir algún tipo de repercusión en su contra, debido a que si bien la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla contempla el derecho a realizar denuncias populares, a las y los denunciantes se les solicitan diversos requisitos para que la misma proceda, como lo son sus datos personales.

Dijo que mantener el anonimato de la persona denunciante debe ser una prerrogativa que contemple la Ley de Desarrollo Social de nuestra entidad, con la finalidad de favorecer la cultura de la denuncia y un mecanismo, para proteger a la persona denunciante, quien pudiera ser la propia beneficiaria del programa social y que, por su condición de pobreza y el temor a las represalias, pudiera optar por el silencio; de esta manera, es que omitir los datos generales de la persona denunciante, es una herramienta que resta vulnerabilidad a la misma, facilita el acceso a la justicia y posibilita la investigación y sanción por actos indebidos.

Dijo por desgracia, en nuestro país, el uso indebido de programas sociales es muy recurrente, más en procesos de elección, tan es así que la propia Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha efectuado diversas sanciones, por uso indebido de dichos programas, en el marco del proceso electoral en 2021, situación que debe erradicarse en 2024 .