Las comisiones unidas de Procuración, Igualdad de Género y Asuntos Municipales aprobaron la iniciativa del Ejecutivo que modifica tres leyes para que los ayuntamientos de Puebla cumplan e informen sobre la alerta de género, además deberán contar con una instancia de protección a las mujeres, además la violencia familiar, incluirá la que se comete en el noviazgo.
El documento establece que la Secretaría de Gobernación podrá requerir a los ayuntamientos de los municipios del estado en cuyo territorio sea aplicable la declaratoria correspondiente, los informes en relación a la instrumentación y ejecución de las acciones y medidas ejecutadas dentro de su ámbito de competencia para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en su municipio.
Se precisa además que las órdenes de protección que son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes.
Estas, se decretarán en el momento en que la autoridad competente tenga conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.
Entre las inclusiones está la “violencia en el noviazgo”, ya que esta quedará dentro de la violencia familiar.
La iniciativa que se votará en el pleno modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, así como actualiza el Reglamento del Sistema, para que las Organizaciones de la Sociedad Civil y los Municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género sean invitados permanentes del mismo.
Establece el Modificar la Ley Orgánica Municipal, para que las instancias municipales de la mujer, sean parte de la estructura orgánica de los ayuntamientos, como mecanismo rector de la política de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
