El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez propuso castigar con mayor severidad la “tentativa” para cometer un delito, a fin de inhibir la comisión de los mismos; La pena sería el equivalente a las tres cuartas partes de lo que se establece en el Código Penal, cuando se consuma la falta.
Señaló que ante el aumento de la delincuencia que aqueja a Puebla y el país hoy en día, es fundamental que el Estado tome medidas preventivas para proteger a la sociedad de la comisión del delito.
Señaló que estas medidas serían invertir en programas de prevención, fortalecer la aplicación de la ley, aumentar la penalidad, mejorar la iluminación y la vigilancia en las comunidades, así como abordar las desigualdades sociales que pueden contribuir al aumento de la criminalidad, entre otros.
Precisó que la legislación que incrementa las penas en la tentativa de delitos reconoce la importancia de valorar la intención criminal, independientemente de si el acto delictivo se ha llevado a cabo en su totalidad.
Explicó que esto permite abordar y castigar la peligrosidad de las intenciones criminales, destacando la responsabilidad individual desde las primeras etapas del proceso delictivo, y sin duda la aplicación de penas más severas en la tentativa de delitos contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro Estado.
Advirtió que la comisión de conductas delictivas, como la tentativa de delito, socava la estabilidad social, pues los delincuentes usando medios eficaces e idóneos ejecutan o exteriorizan total o parcialmente actos encaminados directa o inmediatamente a la realización del delito y si este no se consuma es por causas ajenas a la voluntad de dicho delincuente.
Preciso que la reforma al Código de Procedimientos Penales en su articulo 94, es para inhibir el cometer el delito pues las consecuencias legales sirven como advertencia clara de que aquellos que violan la ley enfrentarán repercusiones por tales conductas, contribuyendo así a la prevención de futuros actos delictivos, y al proteger la legalidad, salvaguardar la propiedad, la privacidad, fomentar y prevenir actividades ilegales futuras.
