El diputado de Morena, Miguel Trujillo de Ita, presentó una iniciativa para que los ayuntamientos deban solicitar autorización del Congreso del Estado cuando se trate de la enajenación de bienes en el último semestre de la administración, a fin de evitar los obstáculos a la siguientes autoridades.
Explicó que se trata de una reforma a la Ley Orgánica Municipal, luego de que los presidentes municipales cuando no gana su candidato, buscan vender las patrullas, o los camiones de limpia, frenando la operación del ayuntamiento entrante.
Dijo que se trata de crear el Artículo 160 BIS, mismo que detalla: “Durante los últimos seis meses del periodo constitucional de los Ayuntamientos, la venta, enajenación o cualquier acto traslativo de dominio de los bienes que formen parte del patrimonio municipal deberá contar con autorización expresa de la Legislatura del Estado”.
Se indica que dicha autorización será otorgada únicamente previa valoración exhaustiva que acredite la urgente necesidad y el interés público del acto en cuestión.
Trujillo de Ita advirtió que en ausencia de esta autorización, los actos realizados serán considerados nulos y sin efecto jurídico alguno.
Comentó que para efectos de esta disposición, la Legislatura del Estado deberá emitir su resolución dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles, contado a partir de la recepción de la solicitud debidamente fundamentada y motivada por parte del Ayuntamiento. La omisión de la Legislatura en resolver dentro de este plazo se considerará como negativa tácita.
Insistió en que esta reforma responde a la necesidad de evitar el desmantelamiento patrimonial de los municipios, fortalecer la planeación administrativa y asegurar la continuidad operativa de las entidades municipales, en beneficio directo de los ciudadanos que dependen de los servicios y programas que estos brindan.
Aclaró que esta iniciativa no tiene como objeto vulnerar la autonomía municipal reconocida en los artículos 115 de la Constitución General de la República y 103 de la Constitución del Estado de Puebla, sino fortalecerla al establecer un marco normativo que fomente una administración responsable del patrimonio municipal y evite decisiones precipitadas que puedan comprometer el desarrollo y la estabilidad de las comunidades.
