La aprehensión de una de las figuras más prominentes del viejo régimen no es nada nuevo, por lo menos no en las sospechas de la clase política de altos vuelos. La pregunta es por qué ahora. Y la respuesta que se antoja más popular es porque estamos en la víspera de que empiecen formalmente las campañas por la presidencia de la República.
En esa disputa —como es de conocimiento de todos— los aspirantes más rezagado son los del presidente Felipe Calderón y de su partido el PAN. El señor Ernesto Cordero sencillamente no da con pie con bola. No hace clic con la gente y sus declaraciones son penosamente desafortunadas. En tanto que el más aventajado de los panistas, Santiago Creel Miranda, sencillamente no está en el ánimo del señor presidente. Lo mismo ocurre en el caso de Josefina Vázquez Mota.
Así es que estamos de nuevo ante una de las expresiones más funestas del viejo autoritarismo que utiliza todo el aparato del Estado para eliminar a los adversarios políticos (verbigracia Carlos Salinas de Gortari). En este caso, el objetivo no sería otro sino Enrique Peña Nieto, el aspirante que hasta ahora les saca claro a todos los que han entrado al juego. Bajar a uno para subir al otro.
No sin razón uno de los analistas más serios decía ayer que “Jorge Hank Rhon es el eslabón moralmente más débil de la cadena que conduce al grupo Atlacomulco, es decir a Peña Nieto”. Pero igualmente cierto es que para acreditar su determinación ante la opinión pública, Calderón “necesitará pruebas más sólidas que una colección de armas privadas para quitarnos la noción de que esto no es una maniobra facciosa preelectoral”, (El Universal, Jorge Zepeda Patterson).
Todo indica que el presidente ha determinado dar un golpe de timón, aunque al parecer no se trata del primer manotazo sobre la mesa para hacer valer su parecer. Hay los que juzgan que, en su afán electoral, Calderón habría tomado ya otras decisiones ortodoxas en esa misma línea, como el hecho de hacer alianza con las televisoras en contra de Telmex y su dueño Carlos Slim.
Pero eso no parece ser todo. En las últimas semanas se dijo mucho en los corrillos que el gobierno del presidente Calderón tendría en la mira a por lo menos cuatro gobernadores priistas, los cuales podrían ser acusados de mantener relaciones con el narcotráfico, pero también de otro tipo de delitos como pederastia y corrupción; los cuales, y de proceder la estrategia, podrían ser aprehendidos y sometidos a procesos judiciales.
¿Quiénes son? Se habla de dos exmandatarios del norte y dos del centro. De Tamaulipas uno y de Chihuahua el otro, aunque también se dice que podría ser de Coahuila. Los del centro no requieren de mayor esfuerzo. Se estaría hablando de Puebla y Oaxaca.
A ese rumor podrían obedecer las declaraciones de la semana pasada del presidente nacional del PRI, en un periódico nacional, en el que a ocho columnas se lee: “Exige el PRI a la PGR pruebas en contra de exgobernadores”.
Humberto Moreira solicitó a la Procuraduría General de la República que manifieste si existe alguna indagatoria en contra de los ex mandatarios estatales, tras advertir que cualquier intento de politizar la justicia “derrumbaría” el esfuerzo de gobernadores y presidentes municipales por organizar un frente común contra el crimen organizado.
¿Será que por este camino el PAN logre recuperar la credibilidad perdida, al cabo de una década de gobiernos panistas incompetentes, y de haber sumido al país en una guerra que ha costado 40 mil muertos, y cuyos logros nadie del gobierno ha logrado explicar con un mínimo de coherencia?
A reserva de que se conozcan las encuestas, y a riesgo de errar, pero todo indica que el “Quinazo” no hará más que fortalecer todavía más la figura de Peña Nieto en el clamor de la gente. Salvo, claro, que mañana también las televisoras cambien de parecer, y ahora “La Estrella” del Canal de las Estrellas sea otra.